Chiapas
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La guerra psicológica en su dimensión urbana
(informe sobre violaciones a los derechos
humanos contra organismos civiles)
Presentación
Immanuel Wallerstein,
El CNA y Sudáfrica: pasado y presente de los movimientos de liberación en el sistema-mundo
Adelfo Regino Montes,
Los pueblos indígenas: diversidad negada
Laura Carlsen,
Autonomía indígena y usos y costumbres: la innovación de la tradición
Luis Hernández Navarro,
El laberinto de los equívocos: San Andrés y la lucha indígena
Ana Esther Ceceña,
La resistencia como espacio de construcción del nuevo mundo
Adriana López Monjardin y Dulce María Rebolledo,
Los municipios autónomos zapatistas
Antonio Paoli,
Comunidad tzeltal y socialización
Jorge Cadena Roa,
Acción colectiva y creación de alternativas
Ana Esther Ceceña,
El mundo del nosotros: entrevista con Carlos Lenkersdorf
PARA EL ARCHIVO
Armando Bartra,
John Kenneth Turner: un testigo incómodo
Francisco Pineda,
Frantz Fanon: Los Condenados de la tierra y el 68
La guerra psicológica en su dimensión urbana
(informe sobre violaciones a los derechos humanos contra organismos civiles)
Declaración política de la sociedad civil en su encuentro con el EZLN
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Introducción
1. Después del parteaguas de la masacre de Acteal (22 de diciembre de 1997) cambian los interlocutores gubernamentales del conflicto en Chiapas (un nuevo secretario de Gobernación, Labastida Ochoa; un nuevo coordinador del diálogo, Emilio Rabasa; un nuevo gobernador de Chiapas, Albores Guillén); crece el número de desplazados, de presos, de desalojos, y el terror psicológico en las comunidades y en las ciudades, al tiempo que van en aumento los grupos paramilitares, los efectivos militares y los cuerpos policiacos.
En esta nueva coyuntura, a partir de enero de 1998 se profundiza la crisis del diálogo de paz, se van probando nuevas estrategias, la guerra toma un nuevo giro, se multiplican las visitas presidenciales a Chiapas y aparecen nuevos blancos de la contrainsurgencia. En las llamadas zonas de conflicto se desmantelan los municipios autónomos, y fuera de ellas, incluso en las ciudades, cunden formas urbanas de la guerra psicológica que afectan a la sociedad civil. Sus víctimas se multiplican a partir del 31 de mayo (al clausurarse la sesión ordinaria del Congreso sin aprobar la iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígenas) y del 7 de junio (al renunciar la Comisión Nacional de Intermediación).
2. Paralelamente al recrudecimiento de la represión a partidos opositores (hasta cuando son autoridades municipales) y a las organizaciones campesinas e indígenas, los nuevos blancos civiles de la guerra vienen a ser:
extranjeros, tanto observadores transitorios como residentes,
investigadores y académicos, nacionales y extranjeros,
activistas nacionales de derechos humanos, organizaciones independientes de ciudadanos, movimientos de mujeres y sus familiares,
periodistas,
la diócesis (monjas, agentes de pastoral, catequistas, párrocos, etcétera) o la Conai, así como personal allegado o sus familiares.
Desde enero de 1998 hasta la fecha, el hostigamiento que estas personas padecen, tanto de instituciones oficiales como de sus operadores extra-oficiales (que no ostentan identificación que los legitime), toma las formas siguientes:
expulsión, amenazas de expulsión o retención de papeles migratorios de extranjeros, convirtiéndolos en indocumentados,
intimidaciones a quienes hospedan a extranjeros,
persecución de activistas a pie o en automóvil (por lo general de uso oficial, aunque sin placas), o daños a sus autos estacionados, ya sea para escarmentar o para provocar accidentes,
espionaje telefónico, tanto para registrar conversaciones o actividades como para amenazar, insultar y trastornar agendas fraudulentamente (por ejemplo, imposibilitar reuniones),
simulacros de arrestos,
escritos anónimos para amenazar (de muerte, de violación, de denuncia penal u otros castigos),
inducción de conflictos en relaciones u organizaciones de los destinatarios de la agresión,
robo de computadoras y material informativo,
allanamiento de casas con destrozos domésticos, para humillar o castigar,
vigilancia policiaca de domicilios, de diligencias, actividades y relaciones personales o de trabajo, así como terrorismo doméstico que afecta la vida privada,
violaciones y robos de domicilios y archivos,
sabotaje a vehículos de activistas en su trabajo de campo.
3. Estas agresiones o intimidaciones generan un gran desgaste emocional, por contaminación perpetua de la vida cotidiana.
Su repetición y generalización, en este nuevo momento de la evolución del conflicto, parecen indicar que entramos en una nueva fase de la guerra de baja intensidad (o "irregular", según el vocabulario de la Defensa Nacional): la guerra psicológica en su dimensión urbana.
Los afectados hemos acudido a las autoridades constituidas, pero algunas veces se negaron a aceptar nuestras denuncias o, cuando las registraron, las extraviaron. Nos negamos a considerar estos atropellos como simple nota roja del conflicto; denunciamos que, además de ser lesivos a los derechos humanos, y una contradicción al "restablecimiento del estado de derecho" que pregonan las declaraciones oficiales, son hechos delictivos que anuncian los nuevos operativos de la "guerra en curso en Chiapas". Por su cantidad y calidad, estos hostigamientos, planeados y repetidos, denotan que la guerra se va tornando peligrosamente en guerra total, al contaminar y agredir sistemáticamente la vida académica, social, humanitaria y ciudadana.
Enlace Civil, Barrios y Comunidades de San Cristóbal (BACOSAN),
K’inal Antzetik, A. C. ("Tierra de Mujeres"), Grupo de Mujeres de San Cristóbal
(COLEM), Centro de Investigación y Acción para la Mujer (CIAM),
Angélica Inda y Andrés Aubry
Revista Chiapas
http://www.revistachiapas.org
Chiapas 7
1999 (México: ERA-IIEc)
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