Chiapas
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Ulrich Brand y Christoph Görg
¿Globalización sustentable? ^*

Presentación

Orlando Caputo, Juan Radrigán y Graciela Galarce,
Manifiesto del cobre

José Rabasa,
Negri por Zapata: el poder constituyente y los límites de la autonomía

Ulrich Brand y Christophe Görg,
¿Globalización sustentable?

Gilberto López y Rivas,
Contrainsurgencia y paramilitarismo en Chiapas en el gobierno de Vicente Fox


DEBATE

Armando Bartra,
La llama y la piedra. De cómo cambiar el mundo sin tomar el poder según John Holloway

Atilio Boron,
Poder, "contrapoder" y "antipoder". Notas sobre un extravío teórico-político en el pensamiento crítico contemporáneo

Adolfo Gilly,
El hacedor


PARA EL ARCHIVO

Carta abierta al presidente Lula sobre la concesión de la base de Alcántara al ejército de Estados Unidos

II Encuentro Hemisférico de Lucha Contra el ALCA:

• Osvaldo Martínez,
  ALCA: el convite de la "Roma americana"
• Carta del ministro de la Producción y el Comercio de Venezuela al presidente del Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA
• Extractos del Tratado sobre Integración Minera entre Chile y Argentina

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Desarrollo sustentable como pegamento para el montón de cristales trizados del neoliberalismo

En los años ochenta del siglo XX, se hicieron patentes tanto el fracaso de los conceptos clásicos de desarrollo como la crisis cada vez más aguda de la apropiación de la naturaleza. Puestos en el orden del día por los movimientos sociales y por los intelectuales críticos, ambos problemas apuntaban hacia una revisión de las ideas dominantes sobre el desarrollo social. Los problemas ecológicos, los riesgos provenientes de la energía nuclear y otros megaproyectos tecnológicos habían puesto en entredicho las estrategias tradicionales de la modernización en los países del Norte. La crítica sobre el modelo de "desarrollo por imitación" arreció principalmente cuando la crisis de la deuda, que se hizo evidente desde el comienzo de los años ochenta, arrastró a muchos países del Sur hacia una indefensión económica cada vez más aguda.

Sin embargo, con el fin de la guerra fría parecía como si en las relaciones internacionales se abriera un espacio para crear un sistema radicalmente nuevo. Con la publicación del Informe Brundtland por la Comisión Mundial para el Desarrollo y el Medio Ambiente (WCED, 1987), se impuso un término nuevo que desde entonces llegó a ser determinante para el discurso científico y público en general: sustainable development, generalmente traducido como "desarrollo sustentable". En la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), que tuvo lugar en 1992 en Río de Janeiro, se amplió aún más el concepto desarrollo sustentable con planes concretos de futuras reformas institucionales y sociales. Un enfoque inicial consistió en entremezclar los ámbitos "medio ambiente" y "desarrollo", otorgándoles a ambos una nueva esencia gracias a paquetes de reformas graduales.

En aquel entonces se perfilaron ya otras dos tendencias que dieron suficientes motivos para cierto pesimismo: por un lado, la política neoliberal que se manifestaba en forma de programas de ajuste estructural a continuación de la crisis de la deuda externa dentro de las relaciones Norte-Sur, y por otro lado, el "nuevo orden mundial" proclamado en 1991 por el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush (volveremos sobre el tema).^[1]

La pregunta sobre si el proceso de Río resultó exitoso o no forma parte de los debates respecto a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable (World Summit on Sustainable Development, WSSD), que tuvo lugar entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre de 2002 en Johanesburgo (Sudáfrica). Unos veían en el proceso de preparación y en la misma conferencia "Río más 10", "la mejor oportunidad, desde hace mucho tiempo y por largo plazo", de debatir el entramado de relaciones entre la globalización y el desarrollo sustentable (Müller-Kraenner y Greger, 2001: p. 20). Otros, sin embargo, temían que las empresas privadas aprovecharan la cumbre como un gran evento de relaciones públicas, para presentarse como los actores principales de la modernización ecológica y para socavar los estándares sociales y medioambientales obligatorios (Hoedeman, 2001).

De cualquier manera había muchas expectativas acerca de la renovación de las negociaciones internacionales sobre el medio ambiente -actualmente paralizadas- y de la reducción de las desigualdades globales. Las palabras del secretario general de la ONU, Kofi Annan, se adoptan como lema: "Making globalization work for sustainable development and to jump start implementation efforts" ("Hacer que la globalización trabaje para el desarrollo sustentable dando un salto en los esfuerzos de implementación") (Annan, 2001); mientras algunos recomendaban convencer a las empresas transnacionales y los organismos internacionales que han sido esenciales hasta ahora para la imposición de la globalización neoliberal, de ser los aliados más importantes en la lucha contra las crisis ecológicas globales y contra la pobreza en el mundo.^[2]

En la conferencia misma dominaron las discusiones medioambientales, dejando al margen los problemas del desarrollo. Se firmó una agenda de acción de 70 páginas confirmando el Protocolo de Kyoto y el deseo de reducir la erosión de la biodiversidad, pero todo quedó muy vago. El gobierno alemán negoció en favor de las energías renovables que realmente pueden fortalecer las exportaciones alemanas. Estados Unidos estaba de acuerdo en reducir a la mitad la población carente de agua potable, lo que representa un mercado de 100 mil millones de dólares. La Unión Europea no quería discutir sus subvenciones agrarias y no había ninguna crítica a la OMC y sus liberalizaciones comerciales forzadas. Y, para terminar con los "resultados" de la conferencia, no se discutió el impacto medioambiental del transporte aéreo pero sí el de su seguridad. Ahora está considerado como "bien global común".

La expectativa en una asociación global como ésta contribuye a reforzar una tendencia nefasta. Una de las fallas fundamentales de los debates públicos y científicos de los últimos años fue que ninguno de los diferentes actores tenía interés en analizar profundamente las causas de las deficiencias del proceso de Río, un análisis que tendría que haber incluido especialmente las causas estructurales (Unmüßig, 2001). Esta omisión se refuerza todavía más si ahora se presenta al sector privado y a las instituciones que fueron creadas para regular y liberalizar el comercio global como los mejores aliados para una reforma. Ello aumenta el peligro de que la sociedad no cuestione los procesos dominantes de globalización, sino que los acepte como una condición natural. Ya en los años noventa el concepto y la práctica del desarrollo sustentable se relacionaban cada vez menos de manera crítica con los procesos y relaciones de fuerzas sociales a nivel global. En especial en las sociedades del Norte y de Occidente, el desarrollo sustentable se define hoy en día, en el mejor de los casos, como modernización ecológica de instituciones establecidas, y principalmente como un proceso que actúa de manera tecnocrática "desde arriba". Ni más ni menos que esto se esconde detrás de la estrategia de desarrollo sustentable del gobierno federal alemán, por ejemplo, que instrumentalizando a la sociedad civil como tapadera para su política medioambiental, al fin y al cabo no hace más que presentar sus proyectos de reforma bajo el lema de una supuesta "sustentabilidad".

La política medioambiental global ha sido integrada como parte esencial de la globalización neoliberal y del nuevo orden mundial. El proceso de reforma, en vez de fomentar un modelo alternativo de transformación social y ayudar para que las sociedades en todo el mundo tengan características más ecológicas y sociales, se ha orientado cada vez más hacia callejones sin salida.

Durante los años noventa, las instituciones oficiales para el desarrollo sustentable -sobre todo la Convención sobre el Clima y la Convención sobre Biodiversidad- han vivido un proceso de transformación en sí mismas. Como consecuencia de que los actores políticos y sociales dominantes pudieron hacer prevalecer más sus propios intereses, el concepto rector del desarrollo sustentable se concretó fundamentalmente en la mercantilización de la naturaleza (Leff, 2002).

Debido a todo ello, es indudable que a pesar de las reformas institucionales y los acuerdos internacionales no se han reducido los problemas sociales y ecológicos (PNUMA, 2000). En cuanto a la lucha contra la pobreza, se hizo evidente que los programas de ajuste estructural, con los que el Banco Mundial y el FMI han querido obtener por la fuerza reformas en los países en desarrollo, han fracasado en la mayoría de los ámbitos. La evaluación de los programas, que en su momento estaban pensados para aumentar la competitividad de los países periféricos mediante una rápida apertura al mercado mundial, ha puesto a la luz resultados muchas veces devastadores, principalmente para las poblaciones pobres en el campo. Los resultados son peores todavía para las mujeres en estas regiones y para las fuentes naturales de la subsistencia (SAPRI, 2002). Todos los datos confirman que la estrategia neoliberal de integración en el mercado mundial produce un crecimiento altamente selectivo que contribuye en primera instancia a aumentar la desigualdad a nivel nacional e internacional, y a la distribución asimétrica de poder a nivel global. Frente a ello, la nueva resistencia a la globalización ha desafiado la influencia dominante de esta estrategia, pero todavía no ha podido socavarla de forma exitosa.

Sin embargo aquellos procesos que sólo de modo arbitrario se podrán subsumir bajo los conceptos de "globalización" y "política medioambiental y de desarrollo" en modo alguno transcurren sin contradicciones. Desde hace algunos años, también están aumentando las voces críticas a las transformaciones dominantes. Los eventos de Seattle o Génova fueron mucho más que meros hechos circunscritos de protesta y el Foro Social Mundial en Porto Alegre fue más que una conferencia de cinco días. En realidad consisten en núcleos que, cada vez más, están cristalizando las críticas que se articulan en ámbitos bastante heterogéneos. En estas iniciativas, los conceptos empleados juegan un papel importante, pues ellos dan orientación, ayudan a evaluar determinadas propuestas políticas ya sea como legítimas, ya sea como absurdas, y originan nuevos modos de ver las condiciones sociales y medioambientales reales. El mejor ejemplo actual es seguramente el conflicto sobre los conceptos de globalización y neoliberalismo, que hace pocos años todavía parecían inamovibles y que han sido fuertemente cuestionados en el transcurso de los últimos acontecimientos.

Además, el debate sobre desarrollo sustentable debe ser visto como un terreno conflictivo específico. En éste se evidencian los conflictos sociales respecto a la dirección y el contenido de la transformación de la sociedad con sus consecuencias sociales y ecológicas (y también económicas).

Es por ello que se vislumbra aquí un gran peligro, máxime cuando se escoge una perspectiva crítica y emancipadora. En el caso de que se impongan las voces que abogan por nuevas "alianzas" con los actores y las instituciones que son los mayores culpables de la globalización neoliberal, resultará, a través del debate sobre la sustentabilidad, que se conseguirá neutralizar las críticas que recientemente se están articulando con mayor fuerza contra el neoliberalismo. Pues en tanto que se insiste en la cooperación y en los "intereses comunes", parece que una crítica fundamental resulta molesta. Y de igual manera, la protesta en la calle se define como una simple expresión de malestar, que en el mejor de los casos sólo sirve para sacar de su letargo a gobernantes y a expertos. Una crítica más contundente de las relaciones dominantes parece absurda cuando son los destinatarios de esta crítica a los que se quiere ganar para la cooperación. Además, esta crítica es una y otra vez rechazada con el argumento de que no hay alternativas. Lo que desde esta perspectiva se elimina gradualmente, o incluso se deslegitima, es que se sigan cuestionando las formas y los contenidos políticos que aluden a las categorías y realidades del poder y la dominación, de la democracia y la justicia.

El contexto: globalización neoliberal y la transición al posfordismo

En la preparación de la conferencia de Johanesburgo, Kofi Annan esboza en su informe lo que suele ser la perspectiva dominante y ampliamente compartida de los problemas actuales. Según él, el "Proceso de Río" resultó más lento de lo esperado y en algunos ámbitos las condiciones han empeorado bastante. Las metas del programa Agenda 21, o sea combinar crecimiento económico, desarrollo social y protección del medio ambiente, todavía no se han cumplido. Desde el punto de vista de Annan, los obstáculos son: un enfoque político fragmentado en vez de integral; las políticas incoherentes de corto plazo en los campos de las finanzas, la economía, la inversión y la tecnología, y la falta de recursos económicos para poner el programa Agenda 21 en práctica. Resaltando las tendencias dramáticas de los actuales derroteros económicos y políticos a nivel mundial, Annan menciona lo que muy probablemente será el lema central del nuevo "proceso" a partir de la conferencia de Johanesburgo: "Aprovechar la globalización para poner en práctica el desarrollo sustentable". Según él, esto se podrá lograr con una mayor voluntad política, con pasos más prácticos y nuevas alianzas (Annan, 2001).

Sin embargo, queda en una nebulosa lo que podría significar aquello de "aprovechar la globalización". La mayoría de las opiniones más recientes encuentra en el proceso de la globalización en curso el núcleo explicativo de cómo se están desarrollando hoy en día las sociedades a nivel global (ver Sachs, 2000; Dowdeswell, 2001; IIED, 2001; Müller-Kraenner y Greger, 2001). Pero esto no significa que exista un consenso generalizado, por lo menos no lo hay cuando se trata de esbozar estrategias concretas de solución y pasos prácticos. Más bien, se puede observar aquí un déficit parecido al que abunda en otras áreas de la política de sustentabilidad. No se analiza en profundidad ni se cuestiona la globalización neoliberal como tal, sus causas y sus fuerzas propulsoras, y mucho menos las funciones de sus instituciones. Es más: con la iniciativa Global Compact, o sea el "contrato" entre la ONU y las grandes empresas privadas acordado a comienzos de 1999 durante el Foro Económico Mundial en Davos, Annan se apoya explícitamente en las fuerzas que han impulsado rotundamente la globalización neoliberal.

Por tanto, sólo en fechas recientes se están entrelazando los discursos sobre desarrollo sustentable y globalización. En las diferentes conferencias mundiales de los años noventa, apenas se usó el concepto de globalización. A pesar de que desde la perspectiva de los países del Sur los años ochenta se valoraron de manera notoria como la década perdida, los problemas de desarrollo se interpretaron básicamente como problemas vernáculos. Y sólo desde la segunda mitad de los años noventa se percibió que también en el Norte se estaba presenciando un cambio más profundo que el símbolo "1989" y el final de la confrontación de bloques.

No obstante, en aquel tiempo imperaba ya la sospecha de que tal vez la globalización era responsable del avance tan exiguo del desarrollo sustentable: "El proceso de Río está padeciendo por el hecho de que el debate público está cada vez más dominado por los temas de la globalización económica, el desempleo y las arcas vacías del Estado" (Fues, 1998: p. 2). Tal como indica la cita de Kofi Annan, se está efectuando hoy en día un desplazamiento importante en el discurso: la "globalización" ya no se enfrenta al "desarrollo sustentable", sino que se trata de conjugar correctamente ambas cosas.

Y las ciencias sociales fundamentan esta nueva interpretación con argumentos. En un informe con el título programático "Río plus 10", Thomas Fues (1998) mantuvo ya muy temprano la posición que ha llegado a ser dominante: "Sólo cuando todos los países reconozcan la gravedad de la situación y la contrarresten aunando todas sus fuerzas, podrá salvarse la humanidad" (ibid). Se trata de una "renovación radical de los fundamentos de la sociedad" frente al evidente agravamiento catastrófico de la situación. Para ello harían falta "líneas de actuación preventivas y cooperativas". Sólo podrán realizarse cambios estructurales ecológicos de forma coordinada, porque si se emprenden caminos en solitario, este país se expone al riesgo de perder su capacidad competitiva internacional y sus puestos de trabajo (ibid., p. 6).

Así se pierde de vista la relación entre la problemática ecológica y aquellas reestructuraciones, que hay que entender como el tránsito del fordismo al posfordismo y que ha implicado cambios considerables en los modelos estructurales tanto dentro de cada país como a nivel internacional. Tanto en el plano simbólico como en el material, la crisis ecológica estuvo estrechamente relacionada con la crisis del fordismo. En el plano material, el modelo de bienestar fordista-fosilista de las sociedades industriales del Norte fue responsable de forma determinante del enorme aumento del consumo de recursos y la creciente carga de sustancias tóxicas para el entorno natural (Altvater, 1992). En el plano simbólico, los movimientos sociales e intelectuales identificaron la crisis ecológica como crisis social, o sea que se intentó inferir las causas sociales de la crisis de las relaciones sociales con la naturaleza. En los años ochenta, esta constelación entró cada vez más en la vorágine de la transformación neoliberal de la sociedad. La estrategia central para la imposición del capitalismo posfordista consistía en la reorientación de la sociedad hacia los imperativos de la eficiencia y de la capacidad competitiva internacional. También las políticas estatales se ajustaron cada vez más a estas necesidades (Hirsch, 1997). El desarrollo de las nuevas tecnologías desde los años noventa, especialmente de la informática y las comunicaciones, además de las nuevas tecnologías biológicas y genéticas, ha contribuido en el plano económico-técnico a crear las nuevas formas típicamente "posfordistas" de las condiciones sociales de la naturaleza (Görg y Brand, 2001).

Con la transición al posfordismo cambian tanto el modo de funcionamiento de las instituciones sociales fundamentales, como de forma más bien contradictoria, la apropiación de los recursos naturales. Conforme se refuerza el imperativo de la competitividad internacional impuesto por intereses poderosos, la relación con la naturaleza como recurso y la valorización de la misma se someten de forma más exacerbada a los cálculos de rentabilidad del capital (este hecho adquiere una importancia especial justamente en los países del Sur debido al contexto del endeudamiento externo y la obligación del pago de la deuda). A raíz de los nuevos procedimientos tecnológicos y las nuevas estructuras de producción, esta valorización adquiere un carácter sucinto. En especial las actuales tecnologías biológicas y genéticas necesitan parcialmente esta apropiación y convierten los elementos de la naturaleza extrahumana y humana en "recursos estratégicos" (Ceceña y Barreda, 1995).

De esta manera se crea, a nivel internacional, una paradoja entre cooperación y competencia que constituye el marco central condicionante de la política medioambiental internacional. Los debates en los ámbitos de las ciencias sociales y del público en general suelen abarcar sólo un lado de esta paradoja: la creciente presión política para el manejo cooperativo de los problemas medioambientales internacionales. Este imperativo no se está instaurando de forma natural como consecuencia directa de ciertos niveles de problemas ecológicos, sino que está determinado a través de la simbología pública por los actores sociales (ONG, científicos, las denominadas "comunidades del saber" [epistemic communities], etcétera). En los años anteriores, la necesidad política de la cooperación ha generado una cantidad innumerable de acuerdos medioambientales internacionales. Sin embargo, estos acuerdos y regulaciones de ninguna manera eliminan la competencia entre Estados y entre diferentes sectores económicos y regiones. Más bien, los acuerdos existentes acaban impregnados de forma decisiva por esta competencia, sobre todo cuando algunos tratan problemas colaterales complejos, evidenciando las tensiones entre los distintos textos de acuerdos internacionales (ambos hechos se pueden observar claramente en la política internacional de biodiversidad). En general, podría decirse que en las políticas tanto nacionales como internacionales para la solución de problemas ecológicos se articulan intereses totalmente diferentes y casi opuestos. Entre los distintos grupos de intereses nacionales e internacionales se incorpora la competencia en el interior de los textos de los acuerdos y en los procesos de negociación posteriores.

En este contexto, los dos siguientes elementos han adquirido una importancia especial. Primero, se están trazando nuevas líneas divisorias posfordistas entre política y economía. Las ciencias sociales con frecuencia malinterpretan este desarrollo como erosión del Estado nacional. Por un lado, el Estado nacional realmente pierde en algunos aspectos su capacidad de control y su soberanía sobre el territorio. Sin embargo, no desaparece simplemente, sino que se transforma en dirección hacia un "Estado nacional competitivo" (nationaler Wettbewerbsstaat) sometido a las condiciones internacionales de competencia económica (Hirsch, 2000; Brand et al., 2001).

Los cambios en la política en el marco de la transformación del Estado son trascendentales. Sin embargo, resultan poco aptos para albergar expectativas en cuanto a una mayor influencia de la "sociedad civil". También dentro de los regímenes y las instituciones internacionales, la política sigue siendo fundamentalmente política entre Estados. Esto no es casual y tampoco circunstancial. Sino que también el Estado internacionalizado es esencialmente un instrumento de poder, en el que -siguiendo una expresión de Nicos Poulantzas de 1978- se "condensan" intereses y relaciones de poder globales (también Hirsch, Jessop y Poulantzas, 2001). Stephen Gill (1995) definió esta orientación dominante de la política internacional como "constitucionalismo global". Se trata de asegurar, cada vez más también a nivel internacional, el orden de derecho y propiedad burgués. Esto se refiere especialmente a la política medioambiental internacional. Además, en relación con los problemas ecológicos, se puede comprobar que en cierta manera el capitalismo posfordista los ha enfocado. Este proceso no se ha llevado a cabo como la solución efectiva de la situación real de la crisis ecológica. Más bien, se ha concretado determinado esquema, en gran parte consensuado, de cómo tratar la crisis. Pues sobre todo las estrategias de modernización ecológica que ayudan a bajar los gastos microeconómicos o abren un campo de venta para las nuevas tecnologías, etcétera, tienen perspectivas de éxito. Los márgenes de maniobra para las estrategias de cómo encarar la crisis se subordinan a otros procesos, entre ellos destacan la competencia entre capitales y lugares de producción y el modelo neoliberal de liberalización económica. En el nivel de las relaciones entre los Estados, todas las medidas, incluso las perspectivas de éxito de las mismas, quedan subordinadas bajo el imperativo de una política global de poder por parte de los Estados centrales. Cada vez más, la temática ecológica y social se somete al discurso del "lugar de producción" (Standort) y de seguridad, el cual representa un vehículo mal camuflado para las estrategias globales de dominación. Esta tendencia influye por supuesto en el concepto de "desarrollo sustentable". Christoph Spehr y Armin Stickler (1997, pp. 220 y ss.) denominan a éste como expresión y parte material del tránsito del "discurso de desarrollo" hacia el "discurso posmoderno de orden".

El déficit de hegemonía en el nuevo orden mundial

Tal como en el año 1992, los esfuerzos para salir de manera consensuada de los callejones sin salida que tanto caracterizan la política de desarrollo y de protección del medio ambiente se realizan hoy a la sombra del nuevo orden mundial. Mientras que la fecha "1989" estaba todavía relacionada con las posibilidades de hallar nuevas formas políticas, al proceso de preparación de la "Cumbre de la Tierra" en Río de Janeiro se interpuso, al comienzo de los años noventa, otro suceso trascendental: la intervención del ejército iraquí en Kuwait en el verano de 1990, y la respuesta militar por parte de Estados Unidos y de la OTAN en enero y febrero de 1991; ambos hechos simbolizaron una ruptura decisiva en la política global. El entonces presidente estadounidense, George Bush, proclamó en enero de 1991 un nuevo orden mundial muy distinto del que se ideó, un poco más tarde, en la Cumbre de Río. En el objetivo de esta política no figuraban la cooperación ni la búsqueda común de caminos para solucionar los "problemas globales", sino el firme propósito de asegurar, aunque sea militarmente, los intereses dominantes. Las nuevas directrices de la OTAN aprobadas en 1999 son la expresión locuaz de cómo se lleva a la práctica un modo de pensar militarizado.

La situación en el año 2002 es parecida. Tal como un año antes de la conferencia "Río más 10", en Johanesburgo, Estados Unidos entró en escena con una intervención militar con el fin de defender el orden mundial, pero fundamentalmente sus propios intereses y, sobre todo, su seguridad nacional. Como se puede ver ahora, el 11 de septiembre simbolizó una escisión más contundente que la segunda guerra del Golfo de 1991, y esto no sólo en el plano político-militar sino también en el plano ideológico. Este hecho tuvo consecuencias en todas las estrategias de reformas globales tanto como en las prácticas crítico-emancipativas, para conseguir un auténtico desarrollo sustentable.

Desde hace tiempo se ha intentado comprender las tendencias del sistema internacional de los años noventa como el "final del orden westfálico". Sin embargo, hasta el 11 de septiembre no habíamos podido vislumbrar todas las dimensiones de esta transformación. Bajo el concepto "orden westfálico" se entiende el sistema de los Estados vigente desde la Paz Westfálica de 1648, el cual se basaba en el principio del reconocimiento de la integridad territorial de Estados soberanos. Tal como reza la tesis mantenida por diferentes autores, este orden ha sido definitivamente socavado debido a la globalización de todas las condiciones de vida. Pero esta tesis no toca el meollo de la cuestión. Pues no es una globalización anónima la que desintegra el orden interestatal. Desde el 11 de septiembre ha quedado cada vez más evidente que los intentos de codificar jurídicamente las relaciones internacionales -las relaciones interestatales caracterizadas por estructuras de poder y de competencia y por la posibilidad latente de guerra- actualmente están siendo socavadas en favor de los intereses de los Estados dominantes. Esta tendencia está teniendo consecuencias decisivas para la política internacional orientada hacia el desarrollo y el medio ambiente.

Para aclararnos: con el orden westfálico se estableció una forma de dominación que desde siempre ha tenido un carácter ambiguo, es decir una forma de universalismo burgués que se pudo fortalecer únicamente mediante el enfrentamiento y la competencia entre Estados particulares y por ello era a priori antagonista. Fue, no obstante, la esperanza de la ilustración burguesa que esta situación dinámica pudiera evolucionar hacia "un Estado de ciudadanía global" (Kant, 1977), en el cual las constituciones burguesas superarían los antagonismos sociales y avanzarían hacia la "paz perenne" dentro de repúblicas burguesas autónomas. No obstante, el mismo Kant afirmó que el derecho burgués por sí mismo no podría ser capaz de superar, o por lo menos domar, los antagonismos fundamentales inherentes al Estado y al derecho de la sociedad burguesa.

Parece que es exactamente esa esperanza la que se está enterrando hoy. En el orden del día no está la vinculación jurídica, sino incumplir las reglas que uno mismo ha estipulado. Y esto no sólo desde el 11 de septiembre. Aparte de esta fecha se observa nítidamente que con el final del orden westfálico la violencia y el derecho entran en una nueva síntesis, pues sólo a primera vista se trata de un retorno a un orden en que cada Estado podrá, en la medida en que se lo permitan sus aparatos de violencia monopolizada, emplear los medios de dominación que le parezcan oportunos para obtener sus fines. En este sentido, es apropiado no confundir el "final del orden westfálico" con el "final del Estado-nación", puesto que desde siempre la soberanía de los Estados ha sido repartida de manera desigual. Y últimamente estos desequilibrios en el reparto de los medios de dominación no han dejado de exacerbarse, desestimando con ello un posible elemento de contrapeso que consistiría en una mayor vinculación jurídica de las relaciones internacionales. Basándose en los intereses nacionales de seguridad, se están incumpliendo estándares fundamentales de derecho internacional, tales como la Convención de Ginebra o la Prohibición de la Guerra Ofensiva por parte de las Naciones Unidas, desacreditándolos en su carácter de normas vinculantes. Sin embargo, el derecho no está simplemente desapareciendo. El uso funcional de los derechos humanos o del derecho internacional -incumpliéndolo asimismo cuando no parezca oportuno según los propios intereses- muestra más bien que la interpretación jurídica de ciertas normas sigue siendo cuestionada y sirve como instrumento de dominación a través del discurso, del cual se sirven los actores para legitimar sus fines. Día tras día, el derecho se está convirtiendo en un recurso con el que los actores intentan imponer sus intereses.

Con esta situación se refuerza una tendencia que se vislumbraba aun antes de los atentados de Nueva York, la cual se puede considerar como una de las causas subyacentes de los hechos, es decir, la falta de hegemonía en el sistema internacional. Pues en numerosos acuerdos y regímenes internacionales la única superpotencia militar y política que persiste, Estados Unidos, no tiene interés ni capacidad de retomar el liderazgo político.^[3] Tal hegemonía implicaría, además de ser una fuerza político-militar y económica, también la voluntad de integrar en un compromiso a actores con intereses distintos y tal vez opuestos, haciendo incluso concesiones parciales. Sólo así se justificaría la expectativa en una cooperación real para dedicarse de verdad a los acuciantes problemas globales. Supondría renunciar al empleo de su poder en favor de una estrategia de búsqueda de soluciones consensuada por diferentes actores, basándose en las proposiciones o estrategias discursivas del actor hegemónico en las que se integren los diferentes agonistas.

Encarar por tanto los problemas de la cooperación estaría condicionado más que nada por un compromiso entre los intereses de los actores participantes y de ninguna manera sería la forma más idónea de enfocar adecuadamente los problemas globales, o incluso la solución real de los mismos. Sin embargo, la política de "América primero" ("America first") está obstruyendo cada vez más esta mínima condición para una estrategia cooperativa como respuesta. Resulta irónico que este proceso se despliega en regímenes internacionales en cuya creación Estados Unidos influyó de modo decisivo. Son los casos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) o de la Convención sobre Armas Biológicas, donde Estados Unidos actualmente podría jugar un papel importante. En las negociaciones de la OMC, y más en concreto durante su última conferencia ministerial en noviembre de 2001 en Doha (Qatar), el gobierno de Estados Unidos ha concurrido sin una voluntad mínima de negociar y por lo tanto se le acusó de ser el freno más importante del proceso (http://www.twnside.org.sg/title/dohamain.htm). En otras instancias, el gobierno de Estados Unidos se ha retirado prácticamente o está actuando sólo de forma obstructiva -esto vale tanto para la Convención sobre Armas Biológicas como para la Convención sobre el Clima y otros acuerdos internacionales.

Debido a ello, cada expectativa de realizar esfuerzos comunes frente a los problemas globales -sean militares, económicos, sociales o ecológicos- tendrá que encarar la problemática de que la nación sin duda más importante no tiene interés alguno en una estrategia de actuación que incluya el compromiso y observe los intereses de los demás actores. Este nuevo orden mundial se podría caracterizar por una situación en la que a pesar de la existencia de estrategias discursivas potentes falta la función de un actor hegemónico, y esto de cara a una situación en la que se enfrentan cada vez más los intereses globales y en la que los desequilibrios de poder aumentan. Es decir, se trata de una situación en la cual el Estado más poderoso se está negando exactamente a cumplir con esta función, al mismo tiempo que está intentando hacer prevalecer (incluso militarmente) sus intereses particulares.

La Cumbre de Río y los acuerdos negociados a continuación fueron el intento de desarrollar el derecho internacional a través de formas relativamente nuevas de establecer normas con un débil respaldo institucional, lo cual caracteriza a los regímenes internacionales. Hoy en día, se puede constatar, por un lado, una aleatoriedad relativa en la interpretación de estas normas, y por otro lado un regreso bastante evidente a la pura política de poder. Ambos aspectos se orientan esencialmente hacia los intereses nacionales y la seguridad nacional. Las directrices de la OTAN de 1999 muestran el objetivo de este cambio de rumbo: se trata de la defensa de los intereses de los países del Norte allí donde les parezca necesaria a ellos. Con todo esto, sería una expectativa absolutamente infundada querer contrarrestar a este nuevo orden mundial con una "política medioambiental global" (Simonis) transformadora en sí. Es conveniente no perder de vista que tales normas internacionales son fórmulas de compromiso que salieron de procesos de negociación insertados en relaciones hegemónicas de poder y por ello caracterizados por muchas deficiencias y percepciones selectivas de la realidad. Los acuerdos de Río sobre el cambio climático y la diversidad biológica han sido expuestos a un proceso de transformación que los somete cada vez más a las dinámicas de la globalización neoliberal. La manera en que se está desarrollando actualmente el sistema político y jurídico demuestra que, al fin y al cabo, el objetivo esencial de estas normas internacionales es ayudar a defender un estilo oligárquico de vida de una minoría de la población mundial -con todas las implicaciones para el control sobre los recursos, para los modelos de producción y de consumo, y para la "seguridad ecológica".

¿Hacia un capitalismo "ecológico"?

Al analizar el nuevo orden mundial y la transformación actual en los modos de apropiación de la naturaleza, habrá que recordar que el futuro rumbo de los acontecimientos se decidirá, en último término, por las luchas sociales en los diferentes niveles. Y es aquí donde el concepto de desarrollo sustentable juega un papel destacado. En cierta manera, el término representa una fórmula de compromiso que busca equilibrar intereses muy diversos y poco compatibles. Si muchos autores critican el concepto por su falta de claridad en los contenidos concretos, es justamente su espongiformidad lo que le confiere su fuerza (Acselrad y Sedrez, 1995; Görg, 1996). La crisis ecológica, que recrudece tanto en el nivel material como en el político-discursivo, requiere una fórmula apta para conseguir acuerdos entre los actores con intereses sociales y ecológicos distintos y a veces contrapuestos. En consecuencia, este concepto clave alberga en su núcleo el ideal de la cooperación según el cual posibles conflictos y rivalidades son o bien ignorados, o bien presentados como superables. Si tomamos más en serio el problema de la rivalidad entre los distintos intereses significaría que se tendría que abordar mucho más la economía y las relaciones de fuerza a nivel global. Ambos aspectos apenas tienen peso en los debates actuales. En esta discusión será decisivo aclarar cómo se confiere operatividad al concepto de desarrollo sustentable, en qué marco se estructura el debate público, cómo se seleccionan las prioridades y finalmente cuáles de los diferentes aspectos se toma en cuenta y cuáles no.

El mundo industrializado ha ignorado cada vez más los problemas que azotan al Sur, respondiendo a sus demandas de justicia y equidad que el desarrollo sustentable implicará necesariamente un crecimiento económico "sustentable" para todos los países.^[4] La idiosincrasia del discurso actual sobre la ecología social tiene las tres siguientes características básicas:

Primero: se puede constatar una distorsión ecológica (K. W. Brand y G. Jochum, 2000: p. 177), ya que en la mayoría de los estudios no se menciona el tema del desarrollo o se alude en esta problemática sólo a la población del propio país (Jörissen et al., 2000). Según varias críticas (Eblinghaus y Stickler, 1996; Armborst y Brand, 1996; también la visión exhaustiva de Hermle [comp.], 1997), el mencionado estudio Alemania sustentable, donde los autores dirigen más la atención hacia el complejo entrelazamiento entre "medio ambiente" y "desarrollo", no recupera la respectiva profundidad de los debates de los años ochenta.

Segundo: frente a los objetivos expresados con anterioridad en el debate internacional, el discurso sobre la ecología social en Alemania se centra demasiado en la realidad de su propio país (Jörissen et al., 2000: p. 11), lo que podría llamarse distorsión nacional. Muchos enfoques, así por ejemplo la investigación Holanda sustentable (ISOE, 1994), toman como punto de partida el "espacio medioambiental nacional", o sea, analizan la cantidad de recursos medioambientales gastados en el propio territorio. Lo internacional "entra" si se considera el uso de recursos del exterior, sin embargo, se mantiene la perspectiva del Estado-nación. Según el número de habitantes se "calculan" a continuación determinados derechos por persona sobre recursos y sumideros de sustancias tóxicas y se hacen propuestas para reducir su dramática sobreutilización. Otros estudios se refieren de forma negativa a los aspectos de la cooperación internacional, tanto de manera implícita como de manera explícita. Interpretan la "economía social de mercado" en Alemania como una "herencia por conservar" (Jörissen et al., 2000: p. 9), ignorando por completo los enormes daños ecológicos y sociales que este famoso "modelo alemán" está causando a nivel global. O se describe explícitamente la mejora de las condiciones de competitividad de la propia economía como objetivo de una "modernización ecológica", identificando la competencia como motor propulsor de esta transformación.

Tercero: El enfoque que se da al debate sobre desarrollo sustentable en Alemania opta preferentemente por un trabajo en red entrelazando diálogos y procesos comunes y por un tipo de cooperación entre los diversos actores que vuelve improbable cualquier intervención para limitar los intereses de la economía y limita en general las posibilidades de crítica (K. W. Brand y G. Jochum, 2000: pp. 185, 189 y 191). Según estos autores, el campo discursivo es "lo suficientemente amplio como para garantizar el acceso también a críticas sustanciales al capitalismo y al industrialismo" (ibid., p. 176). En la práctica, sin embargo, estas posiciones no sólo se encuentran en zonas muy periféricas del discurso, sino que también las ideas sobre la puesta en práctica del concepto se orientan preferentemente hacia la "modernización ecológica" de la sociedad (ibid., p. 189). Debido a todo ello se podría hablar en este contexto de una brecha afirmativa: las posiciones críticas respecto a la viabilidad del desarrollo sustentable son sustituidas por conceptos más pragmáticos y más agradables para los intereses dominantes.

Ya durante sus mejores épocas -después de la publicación del estudio del Instituto Wuppertal- el discurso en Alemania sobre desarrollo sustentable interesaba relativamente poco al público en general. Y este interés mermó todavía más conforme se incrementaba la importancia de los aspectos de la competencia internacional para la economía alemana como "lugar de producción" para el mercado mundial.

Gran parte de la fascinación que irradiaba el discurso sobre sustentabilidad también en el ámbito de la izquierda se basó en la fama que gozaba de ser un contradiscurso a la "globalización". Esto, sin embargo, es un error. La sustentabilidad no es rival de la globalización, sino su compañera. Ambas forman parte de un amplio cambio discursivo que reorganiza el terreno político después del fracaso del discurso sobre el desarrollo (Spehr y Stickler, 1997: p. 217).

Es imposible considerar la operatividad del concepto desligándolo de las relaciones sociales de poder. En los debates de los últimos años, se ha ido marginando tres importantes dimensiones, en las que inicialmente estaba presente un potencial de crítica considerable: la temática de las relaciones Norte-Sur, la reorientación básica de la política internacional y el análisis de la economía capitalista y sus bases materiales.

El concepto "subsistencia" es un buen ejemplo para mostrar cómo el debate ecológico-social en Alemania ha ido perdiendo rumbos. Este término, que se empleó todavía en el estudio Alemania sustentable, se refiere a la pregunta: "¿Qué es suficiente?" Con ello, se quería señalar el límite necesario en el consumo de recursos y además exponer al debate público el aumento prácticamente ilimitado del consumo de la naturaleza por el modelo económico actual (arguyendo que únicamente a través de un consenso social, y no sólo mediante cálculos científicos, sería posible establecer límites a tal consumo). Caracteriza los debates de los últimos años el hecho de que este aspecto se ha diluido casi enteramente en la búsqueda de eficiencia tecnológica (manifestación de un considerable optimismo en el control tecnológico), o sea que espera solucionar problemas ecológicos mediante la optimización en el uso de recursos. Detrás de esta concepción se oculta una visión tecnocrática tanto de los problemas mismos como de las estrategias para solucionarlos. Se considera que hay una solución para cualquier problema y se prefiere estrategias pragmáticas, olvidando las implicaciones relacionadas con el poder social. En el transcurso del debate sobre globalización, el condicionante ecológico y las consecuencias de la economía capitalista para el entorno natural paulatinamente han sido relegados a los últimos planos.

Con respecto a la relación Norte-Sur se puede observar una tendencia similar. También aquí se ignora con frecuencia el vínculo entre la ecología y las relaciones globales de poder, dando preferencia a un modelo pragmático de regulación. Además, se desconoce que al amparo de una política medioambiental internacional, muchas veces se están promoviendo procesos de muy distinta índole. Ambos problemas surgen también cuando uno se pregunta por la relación entre los acuerdos medioambientales y otros tratados e instituciones internacionales. Para decirlo de manera clara: la institución más relevante de los años noventa, que ha ido transformando profundamente las relaciones sociales con la naturaleza, no es la Convención de Biodiversidad (CBD, según las siglas en inglés) ni la Convención sobre el Clima, sino la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esto tiene algo que ver con las amplias consecuencias de que justamente las instituciones internacionales como la OMC no tomen en consideración aspectos ecológicos y sociales. La "liberalización del comercio mundial" no sólo tiene secuelas como, por ejemplo, el aumento de los movimientos de mercancías o la intromisión en políticas medioambientales, sociales y de sanidad de los países miembros. Más allá de ello, en el campo de la política medioambiental se trata frecuentemente de imponer nuevas tecnologías, además de las respectivas condiciones políticas y jurídicas. En este contexto, el caso más conocido es la tecnología genética en su relación con la biodiversidad y con los recursos genéticos, y los instrumentos económicos para la protección del clima (comercio de emisiones, etcétera). Las instituciones para la protección del medio ambiente y para el desarrollo desde hace tiempo han dejado de ser ámbitos donde se expresan intereses progresistas. "Actores globales como las empresas transnacionales de la energía, del agua, de la industria química y de las semillas están dominando día a día las negociaciones" (Unmüßig, 2001: p. 3). Por todo ello, estos acuerdos muchas veces sirven a intereses muy diferentes de los que sus respectivos nombres podrían indicar.

Queremos aclarar brevemente este aspecto en el ejemplo de la diversidad biológica (véanse al respecto de manera más exhaustiva: Görg y Brand, 2000, 2003; Brand y Görg, 2001; Leff, 2002). Mientras que en el debate público sobre el tema prevalece la visión de que se trata aquí de medidas de política medioambiental para terminar, o por lo menos frenar, la pérdida de biodiversidad, las medidas estatales y los acuerdos internacionales se dirigen hacia otro derrotero. Es cierto en general que todas estas medidas sirven para la regulación a la hora de manejar los recursos genéticos: desde la seguridad en el tratamiento de organismos modificados genéticamente hasta el establecimiento de un régimen para la distribución de derechos de usufructo. Se trata primordialmente de regular los derechos de acceso y los derechos de uso (más o menos exclusivos) sobre los recursos genéticos.

En el sector de la política internacional sobre la biodiversidad se observa claramente la intención de asegurar institucionalmente a las empresas agroindustriales y farmacéuticas la apropiación del "oro verde de los genes". En cuanto a la relación Norte-Sur, lo que se quiere conseguir es que los actores dominantes tengan cierto grado de seguridad jurídica y de planificación, y especialmente un acceso asegurado y barato. En estrecha colaboración con las administraciones de los Estados-nación, esta política estatal supranacional está cumpliendo funciones como el establecimiento de normativas para la competencia y las transacciones económicas, el mantenimiento garantizado del flujo de recursos o la seguridad de la propiedad y del dinero. En estrecha relación con estas nuevas formas de uso y de valorización de la biodiversidad y de los recursos genéticos están las cuestiones de la propiedad intelectual (exhaustivamente, Correa, 2000). Hay que establecer quién se aprovecha de las ventajas del uso de los recursos genéticos. En este contexto, resulta paradójico el hecho de que los actores más modernos (instituciones de investigación y sobre todo las compañías de alta tecnología que están actuando a nivel transnacional) necesitan el acceso a dichos recursos. Y éstos se encuentran mayoritariamente en las regiones pobres del planeta, en los territorios donde habitan los grupos más "marginados" de la población. Además, la apropiación de los recursos genéticos otorga un papel importante a los conocimientos tradicionales para utilizar estos recursos, pues tales conocimientos sirven muchas veces como tamiz durante la búsqueda de sustancias de mucho valor. Debido a este interés económico en los recursos genéticos y en los conocimientos relacionados con ellos, se valora a ambos cada vez más desde una perspectiva comercial. Es por ello que a nivel internacional apenas se habla sobre la exigencia de detener el proceso que convierte la naturaleza y el saber tradicional en mercancías. En tiempos de una supuesta pérdida de influencia del Estado-nación, el reconocimiento de la soberanía nacional (en el sentido de una competencia jurídica de regulación tal como la prevé la CBD) es una condición indispensable para que el sistema económico valorice la biodiversidad. No obstante, habrá que tomar en consideración que la CBD representa un terreno conflictivo, en el cual los más diversos actores luchan por imponer sus respectivos intereses. De esta manera, se articularon allí también las demandas de comunidades locales y pueblos indígenas. Según el conocido artículo 8 (J) de la Convención, hay que respetar, proteger y conservar sus conocimientos y sus prácticas haciéndolos copartícipes del proceso. No obstante, la forma en que los intereses de estos actores relativamente débiles han entrado en el texto de la Convención lleva a un nuevo debilitamiento de éstos. Primero porque los reglamentos del artículo 8 (J) se caracterizan por una visión meramente instrumental de los derechos de los actores locales: estos derechos sólo se respetan en cuanto sirvan para la conservación de la biodiversidad. Además, siempre están subordinados a la respectiva soberanía nacional. La puesta en práctica concreta es asunto de la instrumentación nacional de la CBD.

La comercialización de la biodiversidad como característica de la globalización representa no sólo un proceso económico, inducido a través de las fuerzas del mercado, sino que se impone políticamente. Esto significa que los aspectos ecológicos se subvierten en un factor importante para la influencia de una economía nacional o una región en el mercado mundial, o sea, se usan como un elemento estratégico de la política comercial y la competitividad. Se mezclan los aspectos relacionados con el uso, el acceso y los derechos sobre los recursos, incluidas las correspondientes consecuencias y cargas sociales y ecológicas, con los aspectos relacionados con los beneficios y el reparto de ganancias que se hace de estos usos, sobre todo (pero no solamente) en la relación Norte-Sur. A pesar de que los acuerdos interestatales adquieren una mayor relevancia en este proceso, el Estado-nación no pierde su posición central. Más bien la refuerza. En este sentido, habrá que relativizar la evaluación de Claudia von Braunmülh (2001: p. 189), quien opina que el intento de enfrentar problemas globales a través de convenciones marco como parte del derecho internacional ha prácticamente fracasado. Las convenciones marco representan un intento de establecer un terreno en donde se lucha por la apropiación legítima y legal de la naturaleza. En este proceso, sin embargo, se toman en cuenta más que nada los intereses de los actores dominantes. Incluso la etiqueta "desarrollo sustentable" contribuye a una mayor comercialización de la naturaleza.

Gestión global medioambiental (global environmental management) y "seguridad ecológica"

La razón principal para el fracaso relativo del Proceso de Río yace en la separación institucional a nivel internacional entre la política medioambiental, por un lado, y la política de desarrollo, por otro. Por esta razón, la siguiente propuesta se traslada cada vez al centro del debate: fortalecer el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), convirtiéndolo en una nueva organización supranacional en el marco de la ONU, que esté equipada con más competencias y recursos. El gobierno federal alemán ya había abogado por esta idea en la Conferencia "Río más 5", que tuvo lugar en 1997 en Nueva York. La defiende vehementemente el alemán Udo Simonis (Biermann y Simonis, 1999), pero también Martin Khor del Third World Network (Ling y Khor, 2001). Ambos ponen su expectativa en una revalorización general del tema medio ambiente, puesto que el Programa de Medio Ambiente (PNUMA), y no el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), debe formar el núcleo de esta propuesta. También el secretario general de la ONU demandó que el FMI, el BM y la OMC deben, ya de una vez por todas, aceptar los objetivos del desarrollo sustentable (Annan, 2001).

Estas propuestas expresan una visión de los problemas que ve la supuesta falta de poder de las respectivas instituciones como impedimento central para la puesta en práctica del desarrollo sustentable. Parece obvio, entonces, que la política medioambiental global será más efectiva cuando esté conformada con instituciones de suficiente poder de decisión y de recursos adecuados. Supone además que este tipo de política sólo podrá hacerse "desde arriba". Esta interpretación de la situación es, sin embargo, triplemente insuficiente. Por un lado, no analiza bien las causas de la poca influencia y poder de las instituciones medioambientales y de desarrollo internacionales. Por lo tanto, resulta infundada la expectativa en el aumento de su poder. Esta deficiencia analítica es fruto de un optimismo tecnocrático de control y de un excesivo afán de gestión (el "managerialismo" según Redclift, 1994). Ambos parten del hecho de que se podrá resolver la esencia de los problemas empleando la gestión (management) correcta. Esto demuestra ingenuidad. En las distintas instituciones se conglomeran diferentes relaciones de fuerza, respaldadas por sus respectivos intereses y arsenales de poder (Görg y Brand, 2000). Es por ello que en las instituciones medioambientales y de desarrollo se escuchan más fácilmente las voces de los intereses más débiles (en el sentido estrecho de la palabra). Sin embargo, hace tiempo ya los actores dominantes instrumentalizan estas instituciones. Tal como hemos visto en el ejemplo de la CBD, ésta sirve cada vez más para que las empresas transnacionales y los institutos de investigación se aseguren el acceso a los recursos genéticos y "sus" derechos de propiedad intelectual. La existencia de estas instituciones como tales no significa automáticamente un aumento generalizado del desarrollo sustentable en el mundo, dado que allí se hacen evidentes todas las contradicciones de los últimos diez años. Para plantearlo de manera más aguda: ¿por qué una nueva institución supranacional cambiaría algo en este proceso? ¿No sería, al contrario, que a través de ella podrán imponerse más fácilmente los intereses dominantes?

Por otro lado, habría que tomar en consideración que la política tiende hacia una división en sectores. A pesar de que tanto las tendencias reales como el desarrollo de la investigación científica de los últimos años demuestran que no existe ni es factible el medio ambiente como ámbito delimitado de la política, se sigue insistiendo en la viabilidad de la separación sectorial del quehacer político. Los últimos estudios sobre regímenes políticos han demostrado claramente que aun cuando se originan instituciones internacionales circunscritas a un ámbito específico, su modo de funcionamiento y su éxito real están en gran medida determinados de manera decisiva por la confluencia contradictoria de regímenes muy diferentes, y antes que nada por la relación entre los acuerdos medioambientales internacionales y los de liberalización del comercio. No se puede analizar correctamente la política medioambiental como tal viéndola de forma aislada; son más bien las tendencias sociales generales las que predeterminan el marco para la regulación global de las relaciones con la naturaleza.

En tercer lugar, aparte del excesivo afán de gestión y de sectorialización, requerir más organizaciones internacionales influyentes implica una hipótesis sumamente problemática: la perspectiva "de arriba hacia abajo" (top-down). Este enfoque es eminentemente peligroso en cuanto al trato que se da a los "bienes comunes globales" (global commons). Se deduce en este contexto como argumento central el hecho de que la protección de estos bienes comunes ambientales -aparte de que la definición de algo como bien común global no deja de ser con frecuencia una mera construcción discursiva sumamente cuestionable- encarna problemas de la humanidad entera, por lo cual, en el fondo, todos en conjunto deberían tener interés en su solución. En la práctica, se establece así una "gestión global" permeable a los intereses de poder y dominación, la cual Michael Goldmann (1998) ha definido como "administración global de los recursos". Según el autor, el debate sobre los bienes comunes ganó en importancia porque los movimientos sociales habían desafiado a las instituciones dominantes poniendo en peligro su funcionamiento usual y con ello la futura reproducción del sistema capitalista. La visión de que el problema crucial reside en la sobrexplotación de los bienes comunes, lo cual se debe corregir mediante una gestión adecuada a nivel global, elude el hecho de que se trata en realidad de conflictos concretos sobre el uso de estos recursos. A estas disputas se superponen conflictos entre el plano global y el plano local, y otros entre Norte y Sur.

Debido al cambio del enfoque de investigación hacia los bienes comunes, o sea, desde un nivel local hacia un nivel global, los acres de pastoreo ya no son causas de conflictos entre propietarios de ganado o entre campesinos, ni entre ambos. Una determinada zona de pastoreo se convierte entonces en fragmento de biomasa terrestre cuyo cultivo erróneo no sólo tendrá influencias negativas para las poblaciones locales y globales, sino que "nos dañará a todos". En otras palabras: las formas locales de uso de bienes comunes ambientales en el Sur son al mismo tiempo un problema para el Norte (ibid., p. 102).

Con la administración global de los recursos se está creando un nuevo modelo de autoridad y de dominación, en el que las instituciones de carácter global deben vigilar los recursos y las zonas de crisis igualmente determinados como globales. Según reza esta argumentación, los organismos vernáculos y regionales están mal preparados para estas tareas. En consecuencia, el mayor problema para estos "gestores globales de recursos" consiste -aparte de la sobrepoblación que pone en peligro la capacidad de carga del planeta- en que las instituciones globales no tengan suficiente poder. Ante el trasfondo de la reestructuración capitalista y sus nuevas formas de apropiación de la naturaleza, Goldmann llega a la siguiente interpretación de la Cumbre de la Tierra de Río. Según él, fue el "espectáculo de los bienes comunes más grande de todos los tiempos", en el que se trató de

reestructurar los bienes comunes (o sea, privatizarlos, "desarrollarlos", "aumentar su productividad", "valorarlos", "determinar su precio correcto") con el fin de adaptarlos a las economías capitalistas afectadas por la crisis. Debido a ello, la función de la cumbre no consistió en detener las prácticas destructivas, sino en normalizarlas, institucionalizarlas todavía más y, de esta manera, exponer a los comuneros (la población local, Brand y Görg) del planeta entero a riesgos aún mayores (ibid., p. 91).

Con ello se están socavando los conocimientos de la población nativa, impidiendo además que ésta participe en los debates de cómo habría que definir los bienes comunes del planeta. Es justamente en el sector de las organizaciones no gubernamentales (ONG) donde, desde hace bastante tiempo, el medio ambiente se ha convertido para muchos en un "negocio verde". A las organizaciones internacionales grandes como The Nature Conservancy o Conservation International, que optan preferentemente por la mera conservación del acervo natural en sí, poco les preocupan las necesidades de la población local y mucho la financiación benévola que reciben de las empresas transnacionales. Las ONG contribuyen de manera consciente a que las compañías privadas y los institutos de investigación lleven a cabo sus proyectos de bioprospección en zonas protegidas donde los habitantes de siempre se resisten contra la apropiación de sus recursos y sus conocimientos tradicionales (Delgado, 2001).

La expectativa de que el cambio global se efectúe con una gestión del tipo "de arriba hacia abajo" no corresponde, pues, con la realidad de los problemas ecológicos en los países del Sur. La primera condición previa para insuflar vida real al desarrollo sustentable sería, más bien, el fortalecimiento general en el plano local (Barkin, 1998). También se están desplazando fatalmente las relaciones globales de poder. Todo ello es el resultado de la "perspectiva de los astronautas" (Sachs, 1997), para la cual las desigualdades globales y las relaciones sociales de dominación son sólo de importancia secundaria, si es que tienen alguna relevancia.

El modelo así esbozado despierta muchas dudas, máxime cuando se analiza mejor su génesis histórica y, con ello, la relación entre la globalización económica y la naturaleza. La construcción de una "naturaleza global" desde la perspectiva de los astronautas es ni más ni menos que la variante actual del empleo ideológico del concepto "naturaleza". Así se constituye materialmente la naturaleza como objeto de la gestión global, al mismo tiempo. Mediante la construcción de una naturaleza, se hace invisible la realidad de que los problemas ecológicos en diferentes partes del planeta pueden adquirir formas muy distintas según los correspondientes trasfondos tan diversos de relaciones económicas y culturales con la naturaleza. La Third World Political Ecology (Bryant y Bailey, Ecología Política del Tercer Mundo, 1997) llamó la atención sobre el hecho de que en los países del Sur las cargas ecológicas están mucho más directamente relacionadas con los problemas diarios de supervivencia: la falta de agua potable, de madera para hacer fuego y de otros materiales combustibles y los problemas higiénicos, sanitarios o de desertificación. El clima, el ozono o también la biodiversidad, o sea, los candidatos típicos cuando se quiere enumerar los problemas ecológicos supuestamente globales, son parte de una interpretación de la naturaleza que en su especificidad corresponde a los intereses del Norte industrializado y que, en vez de reflejar la particularidad de la propia perspectiva, la rehúsa y la intenta universalizar. Y esta unilateralidad global se agrega muchas veces a una ceguera con respecto a la cuestión de género, ignorando conscientemente las consecuencias específicas.

Raymond Bryant y Senèad Bailey (1997, pp. 27 y ss.) contraponen a este enfoque selectivo el concepto de un "medio ambiente politizado" (politicised environment). Según estos autores, el medio ambiente (o la naturaleza) no es el entorno virgen y neutral de las actividades humanas, sino que está inscrito en las relaciones de poder: el entorno natural es objeto de luchas y representa en sí las relaciones desiguales de poder (ibid., p. 43). El factor del poder es central porque se refiere a la "capacidad de un actor para controlar no sólo la propia interacción con el entorno, sino también la interacción que otros tengan con el entorno" (ibid., p. 39). En este sentido, hay que ver cómo las prácticas de controlar (o de modificar) las condiciones de la naturaleza ("la propia interacción con el entorno") de un grupo de actores están interactuando con las prácticas de control que otros grupos de actores están realizando sobre las condiciones de la naturaleza; ambos momentos unidos constituyen posiciones específicas de poder.

Las relaciones de poder respecto al entorno natural no incluyen sólo las relaciones sociales entre actores, tal como lo analizan la mayoría de los conceptos de poder elaborados por las ciencias sociales, sino que están mediatizadas por las respectivas condiciones de la naturaleza en que se encuentra cada uno de los grupos de actores.

De esta manera se establecen relaciones de poder complejas y múltiplemente refractadas. Aunque un grupo de actores tenga mayores recursos de poder social, las relaciones de poder con otros actores se debilitan cuando se disminuye el control sobre las propias condiciones de la naturaleza (lo que no quiere decir sólo el control sobre el propio entorno/la propia naturaleza). Y de manera inversa, una sociedad ejerce un poder sobre otras influyendo sobre las condiciones de la naturaleza de esas otras sociedades, sometiéndolas a sus fines. Hay que tomar en cuenta ambos aspectos. Por un lado, regiones enteras del planeta constituyen las fuentes de materias primas o sumideros globales para las sustancias tóxicas producidas y/o emitidas por otras regiones. Por el otro, estas regiones poseen un potencial de poder que proviene del hecho de que las sociedades industrializadas del Norte necesitan la naturaleza de otras regiones. El aspecto más interesante de la política internacional actual consiste en que los actores del Sur (en especial los pueblos indígenas) se están dando cuenta de su potencial de poder.

Hay que hablar también de una tendencia que se mueve en dirección contraria: ya desde hace tiempo se pueden observar las consecuencias de este entrelazamiento entre ecología y poder -y cómo ambos aspectos se están uniendo en nuevas combinaciones después del 11 de septiembre. La seguridad ecológica se ha convertido en un nuevo lema bajo el cual se funcionalizan los problemas ecológicos, para el discurso de seguridad internacional, entreverando los sistemas militares y ecológicos de supervisión y control. Al adoptar el concepto de "medio ambiente politizado" se logra esclarecer que esto no es ni casual ni una tendencia meramente temporal. Si partimos del hecho de que las condiciones de la naturaleza configuran un elemento constitutivo en las relaciones de poder entre Estados y regiones, resulta más que pertinente reinterpretar los problemas medioambientales bajo el ángulo de los intereses nacionales y de la seguridad nacional. Históricamente, esto no resulta novedoso, pues tanto en la época colonial como en el estadio imperialista del capitalismo se mezclaron intereses de poder con el control sobre las condiciones de la naturaleza (Crosby, 1993). Pero las formas de estas combinaciones cambian en nuestra época con sus potenciales tecnológicos innovadores; aparte de las tecnologías de información y de comunicación hay que considerar también las nuevas tecnologías biológicas y genéticas. Enfatizándolo más, se podría constatar que también en tiempos de la "globalización sustentable" la persecución de los intereses nacionales, basada en los propios medios de dominación e incluso de agresión militar, podría convertirse en un factor de suma importancia para el control de las condiciones de la naturaleza -despidiéndose a la vez de la búsqueda de soluciones consensuadas como prácticas del pasado (con todas las insuficiencias que éstas hubieran tenido).

Nuevas dinámicas: la crítica a la globalización económica

A pesar de todas estas tendencias, hay que constatar que permanecen contradicciones en el sistema de la política internacional. Esto significa que habrá que observar detenidamente los diferentes terrenos con sus respectivos conflictos: la CBD no es igual que la OMC, y nunca va a ser totalmente dominada por ésta. Los conflictos entre los diversos organismos ofrecen muchas veces la oportunidad de articular con éxito incluso intereses más débiles. Buena muestra de ello son los debates internacionales que atañen a la protección de los conocimientos tradicionales y que justamente han surgido debido a las tensiones entre la CBD y el llamado "Tratado de Semillas" de la Organización de Agricultura y Alimentación (FAO) de noviembre de 2001, por un lado, y el Acuerdo sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS, según las siglas en inglés) de la OMC (Brand y Görg, 2001). Esta articulación de intereses débiles no significa que tienen en la CBD o en la FAO un instrumento para fortalecerse en contra de intereses poderosos. Sin embargo, estas tensiones abren un espacio de politización de las tendencias dominantes.

De otro lado surge una expectativa para lograr un desarrollo sustentable que de verdad implique transformaciones profundas del modelo social. Con relativa independencia del debate sobre la sustentabilidad, en los últimos años se ha reforzado la crítica práctica y teórica del capitalismo neoliberal. Seattle y Génova simbolizaron protestas de la más diversa índole, donde se vienen denunciando los múltiples efectos nefastos de la globalización neoliberal. Así, el concepto "globalización" se ha ido politizando, las consecuencias catastróficas para muchísimos seres humanos y también los respectivos intereses dominantes ya no son analizados como "riesgos" aceptables o fenómenos colaterales fáciles de remendar, sino como fenómenos inherentes y explicables por los actuales cambios a nivel global y también como efecto de las luchas sociales.

En el nivel local y nacional estas tendencias dominantes del "desarrollo sustentable" son contestadas fuertemente. El tercer Foro Social Mundial, que tuvo lugar a fines de enero en Porto Alegre (Brasil), mostró, de manera impresionante, que es justamente en estos planos donde actualmente se está formulando e impulsando la crítica y las alternativas. Un movimiento heterogéneo pone en la palestra de la política las contradicciones cada vez más agudas. La resistencia creciente a la globalización, a partir de Seattle, implica también el rechazo de la idea de que los "problemas globales" podrían solucionarse desde arriba, por expertos o de manera consensuada. El movimiento internacional de protesta -que equivale siempre a un sinfín de diversos movimientos y organizaciones a nivel nacional y local- está poniendo radicalmente en entredicho la forma de política simbolizada por las "mesas redondas globales", propagada por primera vez ampliamente por el PNUMA, y la paralela deslegitimación de enfoques más confrontativos.

Es destacable la escasa importancia que tiene la temática social-ecológica en la RFA. La red ATTAC, por ejemplo, se describe a sí misma como "movimiento para la justicia económica".^[5] Durante los últimos años, la dimensión ecológica ha ido perdiendo peso en los debates de los movimientos sociales críticos. Respecto a los últimos años, Barbara Unmüßig (2001: p. 3) destaca que le queda bastante por aprender al movimiento contra la globalización. Según la autora, éste todavía se deja guiar por la engañosa separación entre aspectos económicos y políticos "duros", por un lado, y aspectos "blandos" supuestamente con menor incidencia social, por otro. La visión de muchos movimientos del Sur es muy distinta. La tarea consistiría entonces en lograr que la temática de la crisis de las condiciones de la naturaleza recupere una relevancia esencial a la hora de criticar las estrategias dominantes de la reestructuración capitalista global.

Poco ayuda el augurio de catástrofes porque esta actitud siempre ha reforzado la inercia y deslegitimado la crítica con el argumento de que hay que actuar enseguida, sea como fuere. Con motivo de la Cumbre de Río, intelectuales como Alain Lipietz describieron de forma dramática el escenario global:

La guerra ecológica ha empezado. Tal como la guerra del Golfo, esta guerra marca un punto de inflexión en la historia de la especie humana. Tardará mucho tiempo: unos cuarenta años. Tal tiempo quedará a la humanidad ya sea para salvarse, o para hundirse junto con la pequeña nave espacial tierra. Estos tiempos demostrarán cuándo nos va a tocar a nosotros (Lipietz, 1993: p. 79).

Vaticinios como éstos refuerzan paradójicamente las opciones del posibilismo (realpolitik), lo cual, por ejemplo, lleva a Lipietz a defender el fortalecimiento de Europa frente a Estados Unidos. Más importante sería sin duda la remoralización de la economía y el entrelazamiento de demandas ecológicas y sociales a la hora de influir sobre el proceso de globalización neoliberal. Para ello hacen falta nuevos conceptos clave que orienten a la hora de buscar una vida éticamente válida, y también una mejor integración de fuerzas democráticas en las decisiones a tomar en todos los niveles de la política, así como el monitoreo de las estrategias de la economía privada.

El peligro más grande emana, sin embargo, de la metáfora de la globalización sustentable y de lo que significa trasladarla a la realidad. Desde hace tiempo las concepciones del proceso de Río se fundamentan en la idea de que gracias a la cooperación, al conocimiento de los expertos y a la persecución de los intereses propios bien intencionados en la economía y en la política, podrían imponerse las nuevas estrategias clave. Tal como demostraron los años noventa, los correspondientes conceptos políticos no han dado los resultados esperados. Sirvieron muchas veces para legitimar las "grandes" decisiones de los gobiernos, las empresas privadas y los medios de comunicación. Estos últimos fueron capaces de seleccionar aquellos aspectos de la crítica que les sirvieron para autolegitimarse.

La globalización neoliberal se ha impuesto ampliamente -y no de manera consensuada, sino más bien "de arriba hacia abajo". Pensar que este proceso, incomparablemente más poderoso, podría detenerse recurriendo otra vez al consenso, a los conocimientos científicos y al sentido común resulta, en el mejor de los casos, ingenuo. No creérselo es la contribución más importante del movimiento antiglobalización. La "globalización sustentable" podría convertirse en el pegamento que repara el montón de cristales trizados del desastre que significa el neoliberalismo para el planeta. Es fácil imaginar que este término, que las ONG o los intelectuales críticos pusieron en el orden del día, podrá leerse, en poco tiempo, en las leyendas de los anuncios de papel brillante de Opel y Adventis en los pasillos de los trenes de alta velocidad. Otra vez se habría cumplido -contra las intenciones desde abajo- la función del desarrollo sustentable como nuevo adalid del discurso hegemónico.

Hay que poner públicamente en tela de juicio la fe ciega en las panaceas tecnocráticas y la "gestión" de los problemas acuciantes. No se logra la autodeterminación, la dignidad humana y la satisfacción de necesidades básicas por el camino de la eficiencia y la gestión burocrática. Habría que refortalecer las prácticas críticas. Es secundario de qué manera (o tal vez de ninguna) estas últimas hagan referencia a la fórmula del "desarrollo sustentable". Más importante parece: ¿cómo se integran las realidades concretas?, ¿cómo se articulan los intereses sociales?, ¿y de qué manera una crítica, consciente de las relaciones de poder, continúa siendo elemento indispensable de la propia estrategia de lucha? Socavar la falsa creencia en lo que se mantiene como fundamento de la "gestión pragmática" de la crisis ecológica, o sea, la convicción de que las estructuras sociales son irremediablemente inamovibles y de que no hay alternativas a la globalización capitalista. Es allí donde más éxito tuvieron los movimientos de resistencia de los últimos años. El objetivo de cualquier "desarrollo sustentable" consistirá en la efectiva "marginación sustentada" de las fuerzas que controlan la "globalización sustentable". Es en el marco de estos conflictos donde nacen hoy en día alternativas reales, propuestas de reformas transformadoras e ideas de una futura sociedad diferente que de verdad se pudiera llamar "sustentable".

Traducción de Marisa García Mareco y Stefan Armborst

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Notas:

[*]	Agradecemos a Achim Brunnengräber por sus comentarios.
[1]	El activista medioambiental brasileño y (temporalmente) ministro de medio ambiente José Lutzenbacher habló, en este contexto, de un "desarrollo inaguantable".
[2]	"La Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) están intentando cada vez más comprometerse en la protección del medio ambiente y en la lucha contra la pobreza. Las empresas multinacionales y alianzas de la sociedad civil internacional han entrado en un debate enérgico al respecto. La cumbre de Johanesburgo podrá comprometer a estos actores y centrarse a seguir caminos en los que la globalización podrá ser aprovechada para satisfacer las necesidades de los pobres y marginados y para mantener los servicios a favor del medio ambiente" (IIED, 2001).
[3]	Somos conscientes del uso poco claro que se ha dado al concepto de hegemonía. Hegemonía es un proceso mucho más complicado. Desde una perspectiva gramsciana, no se trata de que el gobierno de Estados Unidos pudiera "elegir" entre una estrategia hegemónica y una estrategia no hegemónica. Sin embargo, mantenemos esta acepción en el presente texto, que servirá más como aclaración política que alegato teórico.
[4]	Un buen ejemplo de ello es el discurso oficial en la República Federal Alemana (K. W. Brand y G. Jochum, 2000; Jörissen et al., 2000). Ha habido varios intentos de traducir las ideas clave del desarrollo sustentable adaptándolas a la realidad de este país e integrando todos sus aspectos diferentes -desde el estudio Alemania sustentable, realizado por el Instituto de Wuppertal para el Clima, el Medio Ambiente y la Energía y encargado por la ONG conservacionista BUND y la organización de cooperación internacional de la Iglesia católica alemana Misereor (BUND y Misereor, 1996), hasta los conceptos prácticos presentados por la Asociación de la Industria Química en la RFA (VCI, 1995). No sólo el llamado "Peritaje sobre el Medio Ambiente" de 1994 (SRU, 1994), sino también el "Informe sobre Medio Ambiente" de la Comisión de Enquete del Bundestag (parlamento federal alemán) (Enquete-Kommission, 1994), influyeron bastante sobre el debate público en este país. En el último informe, se interpreta la "sustentabilidad" como un modelo de tres pilares, en el cual se deben armonizar los intereses de los actores medioambientales (pilar ecológico), los sindicatos (pilar social) y las empresas (pilar económico).
[5]	Así lo expresa su portavoz Sven Giegold en el congreso de ATTAC en octubre de 2001 en Berlín.

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Chiapas 15 2003 (México: ERA-IIEc)

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