Chiapas
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Graciela Freyermuth
Violencia y etnia en Chenalhó:
formas comunitarias de resolución de conflictos
Presentación
Armando Bartra,
Fe de erratas
Laura Carlsen,
Las mujeres indígenas en el movimiento social
Miguel Ángel García,
La historia chimalapa: una paciente y tenaz lucha indígena por un rico territorio en disputa
Margarita Robertson Sierra,
La casa de nuestra cultura. El territorio de los nahuas de Ayotitlán
Graciela Freyermuth,
Violencia y etnia en Chenalhó: formas comunitarias de resolución de conflictos
Inés Castro Apreza,
Quitarle el agua al pez: la guerra de baja intensidad en Chiapas (1994 - 1998)
Víctor Ríos Cortázar, Joel Heredia Cuevas y Xanat Andrade Andrew,
Polhó: la salud asediada
Luis Hernández Navarro,
Cuatro tesis sobre una guerra a la que no se le quiere reconocer el nombre
PARA EL ARCHIVO
Subcomandante Insurgente Marcos,
Los zapatistas y la manzana de Newton
Ricardo Robles,
El sistema jurídico rarámuri: índole de su ancestral sistema jurídico, sentido e impartición de justicia, resistencia y legalidad
Jerónimo Rajchenberg,
Ja jun ch’inil lo’ili yuj chawuk jumasa’. Un pequeño cuento maya
Ana Esther García Torres, Esmeralda López Armenta, Alma Nava Martínez,
Municipio Autónomo de Polhó
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En diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, Chenalhó, sesenta hombres fuertemente armados atacaron a un grupo de indígenas indefensos, principalmente mujeres y niños, y dieron muerte a cuarenta y cinco personas. El 17 de enero de 1998, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer las supuestas causas de la masacre. Este dictamen y los acontecimientos que se dieron en San Cristóbal de Las Casas en los meses siguientes, me llevaron a una serie de reflexiones en torno a la violencia en Chenalhó.
La matanza de Acteal parece romper con las prácticas habituales de control social y de resolución de los conflictos en Chenalhó. Acteal inaugura una nueva etapa en la que el gobierno mexicano reorienta su estrategia ante el conflicto zapatista agudizando las contradicciones en las comunidades indígenas e imponiendo una nueva visión de las mismas, distinta a la que se había construido con el surgimiento del zapatismo. El objetivo aparente es el de desmovilizar, tanto a propios como a extraños, ante el problema.
Dos fueron los sucesos que me hicieron pensar en estas nuevas visiones que el gobierno ha tratado de construir en el imaginario social después de Acteal: un amigo, trabajador del Instituto Nacional Indigenista (INI), recibió una llamada de un colega suyo de Chihuahua, quien le preguntaba si era cierto que los indígenas de Los Altos, como forma de castigo o venganza, quitaban la piel de la cara a las personas muertas violentamente. Casi al mismo tiempo, a finales de enero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó que la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) hiciera una consulta entre los expertos antropólogos de la región para que dieran su opinión "acerca de si el hecho de lacerar o en alguna forma maltratar cadáveres, sobre todo inmediatamente después de que la víctima perdió la vida por cualquier tipo de razones, incluyendo odio y venganza, es una costumbre o práctica común de los indígenas tzotziles de la región de Chenalhó". Nuevamente la representación del indio como un salvaje, idea supuestamente superada en el ámbito oficial, se hacía presente y curiosamente en dos de las instituciones de las que menos se esperaría: el INI y la CNDH. La encargada de realizar la indagación de la UNACH se vio ante la airada reacción de los académicos de la propia universidad a quienes trató de entrevistar; éstos querían incluso convocar a una asamblea general para discutir sus "turbias" intenciones. En el centro de investigaciones dependiente de la misma institución, no le permitieron siquiera entrevistarse con los investigadores y solamente se le proporcionó una amplia bibliografía. En esos momentos nadie quería verse involucrado, así fuera marginalmente, en las conclusiones sobre la matanza de Acteal.
Actos del nivel de barbarie y crueldad como el de Acteal producen efectos paradójicos: a la vez que pueden desencadenar protestas enérgicas -como ocurrió en casi todo el país y fuera de él-, para quienes la viven de cerca, la violencia en un primer momento inmoviliza y posteriormente se vuelve "normal". La población local -incluida desde luego la comunidad académica- ha mostrado poca o nula capacidad de respuesta ante los hechos represivos ocurridos en Chiapas más recientemente.
Fue a partir de la "nueva" estrategia gubernamental frente a los zapatistas cuando me interesé en escribir por qué creía que la matanza de Acteal no encajaba en las formas esperadas de resolución de las disputas entre los chenalheros y que no podía ser vista simplemente como resultado de "conflictos intra e intercomunitarios". Basándome en narraciones de pobladores de Chenalhó, me había percatado -entre 1996 y 1997- de la manera en que esta sociedad había echado a andar mecanismos de control social para resolver las diferencias que el nuevo escenario político estaba generando, y cómo la aparición de nuevos actores modificaba las estrategias tradicionales para la resolución de conflictos. Cuando expuse mis ideas a algunos colegas, me desanimaron argumentando que mis planteamientos podrían presentar a los chenalheros con ese aspecto primitivo y salvaje que me proponía cuestionar. Abordar temas como éste, y en contextos como el actual, vuelve complicado expresar ideas que propicien el debate y den pistas acerca de las formas en que se pueden resolver los conflictos. La propia violencia genera esta inmovilidad en la discusión y en las acciones. Sin embargo, asumiendo los riesgos, daré, así sea desde una posición parcial, particular e inacabada, algunos puntos de vista que creo pueden contribuir al esclarecimiento de las formas en que se da la violencia y el impacto que tendrá a mediano y largo plazo en Chiapas.
Daré cuenta, a través de algunas narraciones y hechos regionales, de cómo en Chenalhó se plasman las diferencias intracomunitarias y cómo se resuelven a través de formas tradicionales, hasta que se involucran otros actores, y señalaré el impacto que la guerra tiene a corto y mediano plazo en la vida cotidiana de las familias involucradas en el conflicto.
Siguiendo a Menéndez y Di Pardo (1998), considero que la violencia es siempre un fenómeno relacional y se genera a partir y dentro de las relaciones sociales; la violencia no constituye una característica cultural inmutable, sino que es un proceso dinámico e histórico vinculado con las condiciones de desigualdad y diferencia.
En las últimas décadas, las comunidades indígenas se han caracterizado por la emergencia de nuevas condiciones diferenciadoras que se llegan a constituir en situaciones conflictivas; la nueva presencia de un partido político (PRD, PRI, PAN, etcétera) o de grupos sociales (EZLN o independientes), las religiones (tradicionalistas, católicos, presbiterianos, evangélicos, etcétera), la posesión o carencia de tierras, la adscripción sindical (maestros "democráticos" u "oficialistas")[1] y hasta la simpatía por un sistema de atención médica (IMSS o SSA) pueden generar conflictos que desencadenan la violencia. Las formas en las que estas diferencias han creado conflictos han tenido características propias constantes, predecibles y encaminadas al ejercicio del control social.
La intolerancia[2] es el elemento a partir del cual se genera el conflicto pues no permite la diferencia, la posibilidad de disentir ni la libertad de elegir, y de hecho produce la exclusión y la desigualdad. Cuando la intolerancia deviene en violencia,[3] se niega a quien la sufre la capacidad de tomar decisiones y afrontar las consecuencias de sus actos. Es decir, contraviene los derechos fundamentales del ser humano.
La violencia en cifras
En México, la violencia es algo que se está convirtiendo en parte de nuestra vida cotidiana y adquiere formas particulares en cada ciudad o región. Aunque tanto en el campo como en la ciudad son los hombres quienes con más frecuencia mueren violentamente, esta forma de morir cada vez es más común también entre las mujeres (Menéndez y Di Pardo, 1998, De la Fuente, 1997, pp. 239-44).
En Los Altos de Chiapas, Chamula era el único municipio que en épocas recientes (1988-1992) tenía la muerte violenta entre las primeras causas de muerte tanto para hombres como para mujeres (Freyermuth, Fernández, 1997). En el resto de los municipios, al igual que en México en su conjunto, aparece el homicidio (muerte violenta) como una de las principales causas de muerte para el sexo masculino (ver Cuadro 1).
Después de analizar las actas de defunción de nueve oficialías de Los Altos de Chiapas, exceptuando a Chamula e incluyendo a Chenalhó, encontramos que:
La muerte por homicidio es cuatro veces más frecuente entre los hombres que entre las mujeres.
Para producir el daño se utilizan con mayor frecuencia el arma blanca o los golpes.
En los casos en que se utilizan armas de fuego, no se lesiona posteriormente a la víctima con armas blancas.
Por los datos disponibles para este periodo, el uso de una u otra arma tiene que ver más con la disponibilidad. En los casos en que se describe con mayor detalle el tipo de lesiones, son éstas las causales de la muerte. No se describen lesiones infligidas después de la muerte, y sólo en un caso se reporta decapitación.
No existen antecedentes en la región -ni en Chenalhó- de que a las víctimas, después de muertas, se les produzcan heridas profundas en el abdomen y se exponga el producto nonato de alguna mujer embarazada, como sucedió en Acteal (PRODH, 1998, pp. 12 y 17).[4]
Del análisis de los datos de las actas de defunción de las oficialías del registro civil, nos parece importante resaltar la frecuente ausencia del ministerio público en los casos de homicidio. Pareciera que los asesinatos o los conflictos en el interior de las comunidades indígenas no fueron de interés ministerial en el pasado (cfr. Kölher, 1975, p. 63). De hecho, antes de 1992 la mayoría de las actas carecía de certificado de defunción; es decir, que ni siquiera después de la muerte había un médico o una persona autorizada para certificar su causa. Por eso no extraña que en las actas aparezcan con frecuencia notable las nosologías tradicionales[5] como causas de la muerte. La ausencia de las instancias gubernamentales en la procuración de la salud y de la justicia se manifestaba con mayor regularidad antes de 1992 (Garza y Freyermuth, 1995).
Conflictos familiares
En Chenalhó la violencia generada por conflictos intercomunitarios, a diferencia de lo que ha sucedido en Chamula (Garza, 1990), prácticamente no ha involucrado a las mujeres ni a los niños.[6] Eso no quiere decir que no exista una violencia dirigida hacia ellos, sino que cuando ésta se da, es en el ámbito de la familia. La muerte de las mujeres, igual que en nuestra sociedad, se asocia con frecuencia a la violencia doméstica y al alcoholismo, y se "justifica" en caso de que la víctima haya cometido un "delito", siendo el más grave el del adulterio.
Cuando hay problemas interfamiliares o de vecindad, ya sea por pleitos por terrenos, ojos de agua o similares, la presencia de enfermedad o de muerte hace pensar en la brujería. Esto se percibe como particularmente cierto cuando uno o más miembros de la familia fallecen, atribuyéndose estas defunciones a las acciones sobrenaturales promovidas por las familias o las personas con quienes se mantiene la disputa.
En estos casos, el asesinato o linchamiento del ak‘chamel o brujo, bajo la argumentación de que es causante de este daño y bajo la premisa de que aceptó su culpa, es un hecho que sigue ocurriendo, esporádicamente, tanto en Chenalhó como en otros municipios de Los Altos.[7] El "mal echado" y el "cortar la vela" son las causas a las que se atribuye una gran parte de las muertes de mujeres en Chenalhó. Aun cuando el conflicto sea entre varones, la mujer puede ser la víctima de la brujería, pues se le considera más vulnerable, lo que determina que frecuentemente se haga a los hombres socialmente responsables de las muertes de sus mujeres o de sus hijos.
Conflictos por causas religiosas y políticas en Chenalhó
A finales de los setenta, había una diferenciación importante tanto religiosa como política en Chenalhó. La presencia del presbiterianismo y, por otra parte, de un partido opositor (Partido Socialista de los Trabajadores o PST) llevó a estos grupos disidentes a favorecer en las elecciones municipales a los maestros. Los presbiterianos pensaron que serían menos probables las expulsiones por razones religiosas si quienes ocupaban el poder eran maestros y no campesinos tradicionalistas.[8] Sin embargo, con los maestros en el poder, fue el periodo en el que se dieron los conflictos más importantes entre los chenalheros.
En 1979, a partir de la presencia del PST en el municipio, se desató la persecución de sus militantes por parte de los maestros indígenas que detentaban el poder. Los enfrentamientos entre estos dos grupos dejaron un saldo de un muerto y el desplazamiento temporal de los pesetistas a otros municipios. A pesar de ello, el partido se consolidó luego de este suceso en quince comunidades del municipio y sus militantes jugaron un papel importante en la fundación de la cooperativa cafetalera Unión de Ejidos Majomut. Integrantes de ambos grupos (de las comunidades Los Chorros y Polhó) convivieron en esta organización (Martínez, 1995, p. 109).
En 1980 y 1984 se dieron dos expulsiones en Chenalhó, siendo éste el conflicto intercomunitario más importante en la historia reciente del municipio. El primero, que sucedió en Santa Marta, fue uno de los más violentos de la época. El conflicto se inició cuando las familias evangélicas se negaron a realizar trabajos comunitarios. A partir de su ingreso a esta nueva religión habían decidido no participar en cargos religiosos, ni contribuir con recursos económicos para la realización de las fiestas ni realizar trabajo comunitario. Esto despertó la indignación de sus vecinos por lo que fueron golpeados y expulsados, y quemadas algunas de sus casas. Para ese periodo no se reportaron asesinatos relacionados con las expulsiones (cfr. Pérez, 1994, pp. 75-95).
Nuevas formas de resolución de conflictos. Antecedentes y desarrollo de la masacre de Acteal
Los acontecimientos de 1996 siguieron al principio un patrón similar a los conflictos anteriores. Se inician cuando un grupo (zapatistas) no acepta dar cooperación para la construcción del camino en la comunidad de Puebla, Chenalhó (mayoría priísta). Estos zapatistas son encarcelados por los priístas y, posteriormente, se trasladan de Polhó zapatistas armados para liberarlos. Estos hechos siguen una secuencia similar a lo que sucedió en Santa Marta en los años ochenta. Sin embargo, algunos elementos permiten reconocer que no se siguieron las mismas pautas de confrontación. En este caso, los priístas de Puebla querían que todos los pobladores tomaran las armas para defenderse y/o atacar a los zapatistas de Polhó. A raíz de esto se inició el primer desplazamiento de mujeres, hombres y niños (de Las Abejas principalmente). En mayo de 1997 ingresaron a la zona las fuerzas de seguridad pública y los militares, lo que lejos de mitigar el conflicto, agudizó las contradicciones entre los involucrados y polarizó aún más sus diferencias.[9] Poco después se hace más patente la existencia de un mercado negro de armas de fuego y proliferan los cultivos prohibidos (marihuana y amapola), actividad altamente rentable, asociada a la violencia y que involucra a la generación de adultos jóvenes a quienes se proporcionan semillas y armas de alto calibre.[10]
De acuerdo con las distintas versiones de los involucrados y de lo que se puede desprender del informe -a propósito de Acteal- emitido por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC), una gran parte de las víctimas del conflicto eran personas que no tenían una definición clara en su posición política; algunos de los desaparecidos no tenían militancia manifiesta ni eran dirigentes de uno u otro grupo político. Es posible que intracomunitariamente y hasta intrafamiliarmente no se conocieran a cabalidad las lealtades políticas. En los casos de algunos desaparecidos, existe la hipótesis de que el miedo y la indefinición en la pertenencia a uno de los bandos en conflicto haya ocasionado su migración o la búsqueda de refugio en otro municipio. La indefinición política de los pobladores de Chenalhó, en un ambiente de creciente polarización, dio como resultado que en tres muertes la víctima fuera "disputada" como perteneciente a los dos grupos en conflicto (EZLN y PRI).[11] Las lealtades de los chenalheros hacia los dos bandos en pugna pudieron no ser muy claras, lo que probablemente propició el que Las Abejas[12] fuera el grupo escogido como blanco de los presuntos grupos paramilitares.[13]
El número de muertos en este conflicto durante 1996 y 1997 -antes de la masacre de Acteal-[14] ascendía a treinta y uno, fundamentalmente hombres jóvenes menores de treinta años. En dos enfrentamientos murieron tres mujeres y una niña, dos de ellas víctimas de una presunta agresión zapatista[15] (no registrado así en el informe del CDHFBC) y otras dos en un ataque de los presuntos priístas. Una mujer priísta fue emboscada junto con doce hombres[16] y los cadáveres de otras dos fueron encontrados en Aurora Chica.[17]
Durante esta etapa, las mujeres y los niños no fueron objetivos fundamentales. Posteriormente a los enfrentamientos de septiembre, se dio una escalada de violencia cuya finalidad aparente era amedrentar a la población y provocar su migración saqueando sus pertenencias, quemando sus casas y destruyendo o apropiándose de sus cosechas, hechos que empujaron a la población no sólo a su desplazamiento, sino a una definición política más clara. Este tipo de estrategia y la que siguió a la masacre de Acteal difieren totalmente de lo ocurrido en las acciones violentas de Chenalhó de los años ochenta, durante las expulsiones religiosas. En éstas las víctimas eran predecibles (presbiterianos o adeptos a ciertos grupos religiosos); no se asesinó a niños ni a mujeres. La agresión indiscriminada e inespecífica, la masacre de mujeres y niños, y la crueldad con que se ejerció guardan mayor similitud con lo ocurrido durante los años setenta en Guatemala (cfr. Falla, 1992).
El impacto de la guerra en la salud de las mujeres y los menores de edad
Este conflicto que se inicia desde abril de 1997 en Chenalhó y que ha involucrado alrededor de veinte comunidades ha traído severos problemas de orden económico, por las pérdidas totales o parciales de viviendas y cosechas, y de orden social por los desplazamientos de miles de personas y por las consecuencias familiares y sociales de la masacre de Acteal.[18] En el contexto actual las mujeres han sufrido estos enfrentamientos directa o indirectamente. Ya se señaló que durante 1997 murieron cuatro mujeres y una niña en los conflictos y enfrentamientos, y en Acteal las víctimas fueron principalmente mujeres y niñas (ver Cuadro 2 y Cuadro 3). De hecho, los hombres adultos y los hijos mayores habían huido porque se consideraba que ellos corrían el mayor riesgo y que las mujeres y los niños, por su propia condición, serían respetados.
Los huérfanos en Chenalhó
La orfandad en Chenalhó es muy frecuente dada la alta tasa de mortalidad femenina en el grupo de quince a cuarenta y cinco años de edad: tres veces mayor que la nacional y dos veces mayor que la estatal. La presente investigación me reveló en los hijos de las mujeres fallecidas una sobrevivencia infantil, en los ocho años posteriores a la muerte de la madre, del 68 por ciento, siendo muy similares la proporción de niños que morían en vida de la madre y la de aquellos que morían en orfandad. Esto sugiere que los mecanismos comunitarios que se ponen en marcha para la protección de los huérfanos permiten a los niños una situación de supervivencia similar a la que tenían con su familia de origen. Como era de esperar, son los más pequeños quienes menos sobreviven a la pérdida de la madre. Sobre el destino de los huérfanos, se observa en Chenalhó que la tercera parte de ellos queda bajo la responsabilidad del padre y sigue en frecuencia la tutela de la abuela, principalmente la paterna, y la de los hermanos mayores de la madre.
A menudo el viudo vuelve a contraer nupcias, incluso antes de los seis meses del fallecimiento de su esposa, y en algunas ocasiones con una hermana de la difunta. En estos casos, los hombres argumentan ventajas en el cuidado de sus hijos, ya que existen con ellos lazos de afecto previos al matrimonio. En otros casos existe maltrato de los menores huérfanos por parte de la segunda esposa, situación que propicia el abandono prematuro del hogar y su migración a la ciudad, donde ejercen la mendicidad o el comercio informal, y el matrimonio en la adolescencia, rasgos asociados a críticas condiciones de vida.
En Acteal
En el caso de Acteal, se rompe con el proceso comunitario de adopción, pues la orfandad se da en un contexto de muerte violenta colectiva e inesperada e intervienen, por razones legales, personas ajenas a la comunidad. Si observamos el número de niños muertos y los sobrevivientes, podemos darnos cuenta de que, contra lo que ocurre habitualmente, la relación de género se invierte. Mueren muchas más mujeres que niños y sobreviven más hombres que mujeres (ver Cuadro 3 y Cuadro 4).
Veinte familias se vieron involucradas en la masacre de Acteal; en cuatro de ellas, los niños perdieron a sus dos padres y treinta y cinco menores de dieciocho años quedaron huérfanos por lo menos de uno de ellos (Figueroa Mier, 1998).
Al día siguiente de la masacre, los niños ya tenían un nuevo hogar. Sin embargo, "la Procuraduría de la Defensa del Menor (dependiente del DIF) solicitó una lista de los menores huérfanos porque había personas interesadas en adoptarlos" (Figueroa, 1998), y sugirió que el DIF municipal de Chenalhó se hiciese cargo de ello. Esto, a pesar de que los hechos involucraban directamente al presidente municipal de Chenalhó.
La gran difusión de lo ocurrido motivó que personas ajenas a la comunidad solicitaran la adopción de los niños huérfanos. Mexicanos solidarios que por los noticieros de televisión se habían enterado de los sucesos manifestaron su deseo de apoyar a los menores, y se dio el caso de una pareja que dijo estar dispuesta a adoptar a cinco de estos niños. Entre los interesados en hacerse cargo de los huérfanos se encontraban personas del Distrito Federal, Monterrey, e incluso del extranjero. El DIF proponía que los niños fueran adoptados por estas personas, "pues mejoraría su situación social y económica, dado que las personas que manifiestan interés en adoptarlos tienen recursos económicos y están en condiciones de darles una mejor situación de vida de la que actualmente tienen con sus tíos u otras gentes de la comunidad, e incluso mejor que la que tenían antes de morir sus padres" (representante de la Procuraduría de la Defensa del Menor por parte del DIF, licenciada Guadalupe Ballinas).
La solicitud de la Procuraduría de la Defensa del Menor fue rechazada por la comunidad en una reunión con los afectados y algunos representantes de Las Abejas, donde se señaló que todos los menores tenían familiares directos. El padre o la madre, abuelos o tíos se hacían ya cargo de ellos y no deseaban, por ningún motivo, darlos en adopción. La actitud del DIF ocasionó que los familiares rechazaran en un inicio la ayuda proveniente de esta institución, por temor a que dicho apoyo formara parte de los trámites de adopción de los menores (Figueroa M., 1998).
Todo el proceso legal ha implicado poner al día las acciones civiles relacionadas con el derecho familiar, como son el registro de los nacimientos, la comprobación del parentesco, pues en ocasiones el abuelo se asume como padre y no como abuelo, y el reconocimiento de la maternidad o paternidad, sobre todo en los casos en que alguno de los padres falleció. Ninguna de las veinte familias involucradas contaba con acta de matrimonio, y sólo existían uniones religiosas. Estos trámites se debieron hacer por las condiciones en que se dio la masacre; el estado se vio obligado moralmente a dar una indemnización por cada fallecido y decidió unilateralmente la cantidad (treinta y cinco mil pesos), sin tomar en cuenta el número de huérfanos por familia. Se indemnizó a las familias por persona fallecida, ya se tratara de un niño de un año de edad, o de los padres que dejaban desamparados a cinco huérfanos menores.
El gobierno del estado de Chiapas muestra disposición a la entrega de la indemnización; incluso ha facilitado y en algunos casos obviado muchos de estos trámites. Sin embargo, la falta de identificación, ante la PGR, de más de diez de las víctimas ha retrasado la indemnización del resto (Figueroa M., 1998).
Por otro lado, la legalidad no toma en cuenta situaciones particulares que posiblemente a futuro no permitan la adecuada protección para estos huérfanos. Por ejemplo, mujeres jóvenes solteras, que no cumplen con los requisitos legales para ser tutoras pero son quienes tomaron bajo su responsabilidad a sus hermanos menores, no recibirán oficialmente la indemnización. Hay niñas que quedaron sin madre y están asumiendo el papel de ésta. Una de ellas, de doce años, ha dicho: "yo debí haberme muerto en lugar de mi mamá"; se siente culpable y obligada a cuidar de sus hermanos, mayores y menores (Figueroa M., 1998).
Su actual situación de desplazados los mantiene unidos y por el momento no se vislumbran problemas intrafamiliares. Sin embargo, también es cierto que para algunos la indemnización representa la posibilidad de conseguir una nueva esposa que ayude a la crianza de los niños, o la oportunidad de sobrevivir durante un año sin cosecha de maíz y con el cafetal destruido.
Los desplazados
El desplazamiento forzado que han vivido familias enteras ha aumentado los riesgos reproductivos; varios abortos y partos fortuitos fueron reportados durante la migración de Las Abejas de Yaxgemel[19] en mayo de 1997 y durante las que siguieron. El estrés también ha afectado la lactancia, pues algunas mujeres perdieron la capacidad de producir leche, con el riesgo que este hecho acarrea para los niños. El desplazamiento ha incrementado el riesgo de adquirir todo tipo de enfermedades, sobre todo las respiratorias y gastrointestinales; los "refugios" construidos con postes de madera y cubiertos de hojas de plátano no proporcionaban, en un inicio, las condiciones mínimas para el cobijo. El agua que se utilizaba provenía de pequeños ojos de agua la cual a simple vista parecía no recomendable para su consumo, y el asentamiento posterior del Ejército Mexicano en las cercanías de estas fuentes del líquido limitó aún más su uso, pues quien se acercaba a ellas sufría el hostigamiento de los soldados. El racionamiento en la alimentación y las condiciones ya mencionadas provocaron un aumento en la mortalidad infantil y de las personas de edad avanzada.[20]
Después de los primeros conflictos, se hizo patente la presencia de los cuerpos de seguridad estatales; éstos empezaron a interrogar a los niños y a presionarlos para que dieran información sobre las actividades de sus padres y familiares. Así, involucraron a los niños en sus actividades de espionaje, hecho que preocupaba a las mujeres del lugar. Las mujeres desplazadas desde antes de la masacre de Acteal presentaban cuadros de depresión, tristeza y tensión, con gastritis aguda, ocasionados por la vulnerabilidad de su posición y la pérdida de sus casas, pertenencias y cosechas. Los desplazamientos generaron en la población gran incertidumbre. Muchas de estas mujeres se vieron separadas de sus esposos, que huyeron buscando seguridad; dos de ellas han perdido el habla después de la experiencia traumática de Acteal y los niños sobrevivientes también presentan problemas emocionales importantes (cfr. Garza, 1998).
El miedo al ejército repercute en el traslado de las pacientes y en el libre tránsito de los habitantes de Chenalhó. En Las Limas,[21] los médicos militares detectaron a una mujer que, con complicaciones del parto, debía ser trasladada urgentemente, pero la propia paciente y los familiares se negaron a hacerlo por el miedo de que "los ejércitos" les hicieran daño. Pocas horas después la mujer falleció (Freyermuth, 1998).
Algunas mujeres fueron "secuestradas" y obligadas a cocinar o trabajar para terceros. Las mujeres de los priístas también viven en un constante temor de que los zapatistas vengan a sus hogares a tomar venganza. Actualmente las familias priístas tienen que cooperar con diez pesos al mes para la manutención de los presos implicados en lo de Acteal, lo que disminuye sus ya de por sí menguados recursos económicos. Los rumores crean un clima de temor y desconfianza entre casi todos los habitantes de Chenalhó, particularmente en aquellos lugares vecinos al conflicto.
Para el primer semestre de 1998 existían mil noventa y ocho refugiados en X’oyep y setecientos cincuenta en Acteal; hacia ambos lugares continuaba la migración. La población vivía en condiciones de hacinamiento: en habitaciones de diez por cinco metros vivían siete familias que sumaban alrededor de sesenta a noventa y cinco personas. Algunas de estas habitaciones solamente cuentan con techo de nylon, piso de tierra; duermen sin contar con un petate o una tabla; por familia disponen de hasta cuatro cobijas. El agua se ha convertido en un problema grave y, a pesar de que la Cruz Roja está encargada de su distribución, el abastecimiento se ve mermado por la demanda de los campamentos militares que han acampado alrededor de estas poblaciones. Solamente se llena un tinaco al día, lo que representa 1.5 litros por persona al día. En Acteal, la disponibilidad es de dos litros diarios por persona. El ojo de agua cercano a X’oyep está contaminado por la presencia militar, por el hacinamiento de la población que incrementa la contaminación fecal de las fuentes de agua ya sea por rebasamiento de letrinas o fecalismo al ras del suelo (CIEPAC, 3 de junio de 1998).
Las malas condiciones de saneamiento aunadas al escaso alimento que reciben (tres kilos de harina de nixtamal por seis personas) han incrementado la presencia de enfermedades y el número de muertes. Mencionan los promotores de Las Abejas que todos los meses ha habido decesos y que la incidencia de enfermedades es del 54 por ciento de la población al mes: hasta seiscientos pacientes de un total mil noventa y ocho pobladores (ibid).
Obviamente, la vida de las mujeres en los campamentos es muy distinta a la que llevan en sus comunidades y la presencia militar las asusta. Ellas y los niños han sido quienes, al interponerse entre los militares y los hombres que permanecen en los campamentos, han sido víctimas de descargas eléctricas, de amenazas y de las estrategias de amedrentamiento de los cuerpos de seguridad.[22]
Desde octubre de 1998 los campamentos zapatistas han establecido "cordones" de seguridad y las mujeres con sus hijos recién nacidos y menores de un año han estado, a pleno sol, exponiéndose con sus pequeños a la deshidratación. Por las noches, los militares hacen movimientos y toman posiciones sobre la carretera, lo que inquieta sobre todo a las mujeres y a las jóvenes que temen ser atacadas en cualquier momento (CDHFBC, 1998, p. 16).[23]
Conclusiones y perspectivas a mediano plazo
El resurgimiento de las narraciones acerca de los cortadores de cabezas -en 1996- parece ser un signo de los procesos de diferenciación, conflicto e intolerancia que se estaban gestando a partir de la creación de nuevos escenarios en Chenalhó. Los linchamientos y los hechos ocurridos antes de 1997, asociados a historias de cortadores de cabezas, son expresión de las formas comunitarias que se ponen en juego para la resolución de los conflictos y el control social.
A partir de 1996, la presencia de nuevos actores, una nueva clase política, los cuerpos de seguridad ajenos a la población y el armamentismo propiciado por el narcotráfico o los nuevos grupos organizados establecieron una nueva correlación de fuerzas entre los distintos grupos de poder -políticos y generacionales-, que impuso una dinámica nueva a la violencia en Chenalhó. En la primera etapa, la violencia comparte ciertos rasgos con las formas anteriores de resolución de conflictos, entre los que destacan el desplazamiento obligado de la población y la violencia selectiva hacia los hombres, violencia generada por la ruptura con pautas comunitarias de conducta.
Los rasgos que sugieren la presencia de grupos ajenos a la comunidad son: un blanco de victimización no predecible (personas sin una clara militancia en cada uno de los grupos), el amedrentamiento indiscriminado y el rumor generalizado acerca de la presencia de hombres armados. Finalmente, la masacre de Acteal rompe con los marcos culturales locales con los que se maneja la venganza y reorienta la estrategia de ataque a las comunidades indígenas.
Creo que vale la pena señalar que el allanamiento de morada es una de las estrategias centrales de los gobiernos estatal y federal para atemorizar a las comunidades indígenas. La irrupción ilegal de los cuerpos de seguridad en las viviendas y la cauda de temores provocados en los niños por la presencia extraña, el robo de las escasas pertenencias de la familia, la destrucción de los enseres de cocina y la pérdida del dinero familiar o colectivo (cajas de ahorro) se están convirtiendo en una estrategia de acción cotidiana y ejecutada con la participación militar. El pretexto puede ser cualquiera: la búsqueda de armas, como en el caso de la incursión en la colonia La Hormiga; la disolución de los gobiernos autónomos, como ocurrió en Tierra y Libertad y en Taniperla, o como la reciente intrusión en Tenejapa para la búsqueda de automóviles robados. El abuso y el saqueo para "restablecer el estado de derecho" se están convirtiendo en parte de la vida de los indígenas de la región.
El surgimiento de nuevos sujetos como víctimas propicias -mujeres y niños-, obliga a preguntarse si no tiene que ver con el relevante papel que, en el discurso, ha asignado el zapatismo a las mujeres, y con la participación de las mismas en la resistencia de las comunidades indígenas, participación difundida nacional e internacionalmente en fotografías de prensa. Sin embargo, las mujeres de Chenalhó no se han consolidado aún como una fuerza organizada con verdadera influencia en las decisiones colectivas y siguen en gran medida atadas por las viejas estructuras de dominación familiar y comunitaria, lo que las hace aún más vulnerables en el nuevo contexto.
La estrategia de ampliar el catálogo de las víctimas está encaminada a trastocar las relaciones sociales familiares y comunitarias, y a crear condiciones que obliguen a disentir del zapatismo; se trata de romper vínculos a través de la represión y el miedo. Dicha estrategia es complementada con los estímulos especiales para las familias disidentes.[24]
Aunque no se ha dado un amplio análisis o reflexión en cuanto a la presencia del narcotráfico en la región y al armamentismo que acarrea, razón por la cual no se conoce a cabalidad su magnitud, creo que podrá jugar a futuro un papel deletéreo en las condiciones sociales, por las dosis de violencia, corrupción de los cuerpos de seguridad y mejoría económica ficticia que suelen acompañarlo.
No se vislumbra a mediano plazo un mejor panorama para los chenalheros. Es cierto que el suceso de Acteal atrajo la atención de nacionales y extranjeros y que ha habido una derrama importante de recursos por la emergencia de los desplazados, pero también es cierto que muchos de ellos perdieron la cosecha del café, producto a través del cual se obtienen los principales recursos monetarios en la zona.[25] Quienes lograron salvar algo de la cosecha se encuentran a merced de los intermediarios que, aprovechando la situación de inestabilidad, pagan el kilogramo a quince pesos; la mitad de lo que se pagaba hace un año. Por otro lado, el establecimiento del ejército[26] en las comunidades indígenas acarrea otro tipo de ventajas/problemas, como la entrada de dinero, la generación de una economía fundada en las necesidades de la milicia, que consume alimentos y servicios (entre los cuales incluyo la prostitución),[27] el trasiego de armas de fuego[28] y el incremento en el riesgo de violación para las mujeres (Del Valle, 1998; Rojas, 1995).[29] Estos nuevos actores sociales profundizan la diferenciación económica y de poder en las comunidades, y su permanencia llega a convertirse en "necesaria" para la sobrevivencia de una parte de la población (cfr. PRODH, 1998, p. 12; Olivera, 1998). Hay que recordar que en estos poblados los habitantes cuentan, cuando mucho, con dos hectáreas de terreno que utilizan para el cultivo de maíz para autoconsumo, y la presencia militar se da en un momento en el que se ha perdido la última cosecha y está por perderse la próxima.
Es predecible que el rumbo de los acontecimientos no cambie a mediano plazo ya que algunas de estas situaciones se viven ya en otros lugares del país a partir del ingreso de los militares, como en la región de Los Loxichas, Oaxaca, señalada por los gobiernos estatal y federal como bastión del Ejército Popular Revolucionario (Ayala, 1998).
Notas:
Los interesados en conocer más sobr estos problemas entre maestros, consultar el documento H. Congreso del Estado de Chiapas, 1992, pp. 111,121 y 211.
Para una discusión al respecto, veáse Alejandro Cervantes Carzón, "Tolerancia: de su necesidad e insuficiencia (contribuciones a la formación de una nueva ética)". Topodrilo, n. 40-41, UAM-Iztapalapa, México, septiembre-diciembre de 1995.
Chamula y Oxchuc son los ejemplos más representatvos de la intolerancia que deviene en violencia. Como ejemplos de ello, confrontar las ponencias que publicó el H. Congreso del Estado de Chiapas, 1992, y que se encuentran en las páginas 95, 58, 61, 67, 111, 121, 211.
Me refiero a los resultados de autopsia del cadáver catalogado con el número 16. En el reporte de la PGR (1998) se niega la existencia de estos resultados en la autopsia; esto contradice no sólo lo reportado por el informe antes citado, sino por el testimonio de testigos oculares de los expedientes judiciales.
Nosologías populares son un conjunto de signos y síntomas que adquieren un nombre particular y que responden a causas bien identificadas por el grupo que las comparte y que no necesariamente se corresponden con los síndromes de la medicina alópata; en Los Altos destacan el potzlom, chulelal, la alteración, la calentura, la hinchazón, entre otros.
Una situación similar sucede en Zinacantán. Comunicación personal de Jane Collier.
La última referencia de que dispongo acerca del asesinato de un ak‘chamel sitúa el hecho en una comunidad de la llamada "zona de conflicto", en el primer semestre de 1996.
Comunicación personal de uno de los pastores presbiterianos de Chenalhó, agosto de 1997.
Para profundizar en los detalles sobre el inicio del conflicto y su desarrollo, consultar Camino a la masacre. Informe especial sobre Chenalhó (CDHFBC, 1997).
El 27 de marzo de 1998 se dio la noticia de que los militares habían encontrado un plantío de amapola en Chenalhó. Es posible que desde 1996 se haya iniciado su cultivo en el municipio. En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas se "engancha" a hombres indígenas ofreciéndoseles el negocio rentable de sembrar marihuana o amapola. Al parecer, además de proporcionárseles la semilla se les dota de armas de grueso calibre para el "cuidado" de los cultivos. Dicho "negocio" se ha extendido en Chenalhó y quizá en otros municipios.
Es el caso del señor "Vicente" que los priístas señalaban como una de sus víctimas desaparecidas, y que finalmente resultó estar como desplazado en un campamento de Las Abejas, grupo que se manifiesta independiente del EZLN. Otro es el de un supuesto simpatizante priísta que, de acuerdo con algunas versiones, murió en su cafetal junto con sus hijos, y al que se refieren en el informe del CDHFBC como simpatizante zapatista. También está el caso de un profesor asesinado en las cercanías de Larráinzar, hecho que después la PGR señalaría como el incidente que desencadenó la masacre. Los priístas lo consideran parte de su grupo y señalan que fue ultimado por los zapatistas de La Hormiga (colonia marginal de San Cristóbal de Las Casas), mientras que el CDHFBC lo señala como un priísta que no estaba de acuerdo con las acciones de sus compañeros.
Las Abejas reúne pobladores de veinticuatro comunidades de Chenalhó que han luchado por mejorar sus condiciones de vida; desde 1994 se han denominado como la sociedad civil que trabaja por la paz con justicia; han mantenido autonomía respecto de la dirigencia zapatista, ya que no están de acuerdo con la lucha armada, y han definido a sus comunidades o territorios como neutrales. Para mayor información, consultar Onésimo Hidalgo, "El vuelo de Las Abejas", Masiosare, n. 6, México, 28 de diciembre de 1997.
Desde principios de 1997, había incursiones de sujetos armados y enmascarados en el camino que va de Acteal a Pechequil. Los priístas del lugar los identificaban como zapatistas y los zapatistas como priístas.
Esta cifra puede aumentar un poco, ya que en el reporte señalan muertes no confirmadas.
Chitamucum, 2 de octubre, Las Limas. Comunicación personal por parte de religiosas que trabajan en la zona, febrero de 1998.
27 de octubre de 1997, entronque de Majomut.
El 18 de noviembre de 1997 hubo una incursión armada por parte de los priístas, los cadáveres son encontrados hasta el día 20 de noviembre.
Los interesados en conocer en detalle lo ocurrido en Chenalhó después de Acteal, consultar CDHFBC, 1998, e ITESO, 1998.
Yaxgemel proviene del vocablo yax/yox: verde, y gemel: derrumbes. Se cuenta que en este lugar cuando había derrumbes, debajo de ellos se veía verde (probablemente se trate de yacimientos de cobre). De ahí tomó este nombre el lugar.
Observaciones realizadas durante la prestación de atención médica a mujeres desplazadas, el día 11 de diciembre de 1997.
Las Limas fue sede de las pláticas entre las partes del actual conflicto en Chenalhó, efectuadas el 11 de diciembre de 1997. Se realizaron en esta comunidad por considerarla neutral.
Testimonio del promotor de salud de los expulsados de X’oyep.
Después de la disolución del gobierno autónomo de Tierra y Libertad, el gobernador del estado de Chiapas ha hecho declaraciones en el sentido de que muy pronto van a "disolver" también el gobierno autónomo de Polhó. El día 13 de abril de 1999 se "desmanteló" el municipio autónomo ubicado en San Andrés Larráinzar.
En algunos lugares, recientemente, se está dando un estímulo en dinero a las familias disidentes.
La Unión Majomut debió cancelar la venta de dos mil sacos de café, por los conflictos ocurridos en la zona que involucraron a las mil familias que debían realizar estas entregas (cfr. La Jornada, 3 de febrero de 1998, p. 7).
Para un seguimiento del número de efectivos en Chiapas, consultar CONPAZ, 1996, y PRODH, 1998.
La prostitución alrededor de los asentamientos militares se ha visto favorecida por la presencia de mujeres que venden alimentos preparados a los soldados. Ésta es una situación aprovechada por la tropa para "enganchar" a algunas de ellas en la prostitución. Sin embargo, también los militares establecen trato directo con los hombres de las comunidades a quienes, esporádicamente, solicitan de manera directa los servicios sexuales de alguna mujer de la familia. Dichos servicios se tasan en forma variable, entre cincuenta y doscientos pesos.
De acuerdo con versiones de un campesino de Tzimol, el ejército está informando a los campesinos de las comunidades de los municipios Las Margaritas, Ocosingo, La Independencia, Tzimol y Comitán, entre otros, que pueden tener armas para la autodefensa y que éstas pueden ser registradas ante la zona militar más cercana (cfr. El Universal, 1° de junio, citado en Melel Xojobal, Síntesis de prensa, del lunes 1° de junio de 1998).
Consultar en Rosa Rojas, "Cronología de otra impunidad" y "Escalada de violaciones", Chiapas. ¿Y las mujeres qué?, t. I, pp. 114-24, y tomo II, parte E, pp. 87-112.
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