Chiapas
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Víctor Ríos Cortázar, Joel Heredia Cuevas y Xanat Andrade Andrew
Polhó: la salud asediada
Presentación
Armando Bartra,
Fe de erratas
Laura Carlsen,
Las mujeres indígenas en el movimiento social
Miguel Ángel García,
La historia chimalapa: una paciente y tenaz lucha indígena por un rico territorio en disputa
Margarita Robertson Sierra,
La casa de nuestra cultura. El territorio de los nahuas de Ayotitlán
Graciela Freyermuth,
Violencia y etnia en Chenalhó: formas comunitarias de resolución de conflictos
Inés Castro Apreza,
Quitarle el agua al pez: la guerra de baja intensidad en Chiapas (1994 - 1998)
Víctor Ríos Cortázar, Joel Heredia Cuevas y Xanat Andrade Andrew,
Polhó: la salud asediada
Luis Hernández Navarro,
Cuatro tesis sobre una guerra a la que no se le quiere reconocer el nombre
PARA EL ARCHIVO
Subcomandante Insurgente Marcos,
Los zapatistas y la manzana de Newton
Ricardo Robles,
El sistema jurídico rarámuri: índole de su ancestral sistema jurídico, sentido e impartición de justicia, resistencia y legalidad
Jerónimo Rajchenberg,
Ja jun ch’inil lo’ili yuj chawuk jumasa’. Un pequeño cuento maya
Ana Esther García Torres, Esmeralda López Armenta, Alma Nava Martínez,
Municipio Autónomo de Polhó
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Introducción
A principios de 1997, Polhó era una localidad del municipio de Chenalhó con menos de mil quinientos habitantes tzotziles; para mediados de año este número empezó a incrementarse aceleradamente como resultado de los desplazamientos de población provocados por el ataque de grupos paramilitares a distintas comunidades del municipio, particularmente aquellas que se habían declarado bases de apoyo zapatistas, aunque también a quienes simplemente se declararon "sociedad civil neutral".
Hacia mediados de ese año las bandas paramilitares, denunciadas por comunidades y organizaciones sociales desde 1996, pero nunca admitida su existencia por el gobierno estatal como tampoco por el gobierno federal, iniciaron una escalada de violencia que alcanzó su punto más alto el 22 de diciembre de 1997 con la masacre de Acteal, cuyo saldo fue de cuarenta y cinco muertos, principalmente niños, niñas y mujeres, veinticinco heridos y el desplazamiento de varios miles de personas de sus comunidades. Como resultado, desde finales de ese año Polhó, X’oyep, Acteal y otras comunidades aledañas, se han convertido en refugio de entre ocho y diez mil desplazados que sobreviven en condiciones dramáticas, sometidos al constante asedio de las bandas paramilitares, de la seguridad pública y del ejército federal.
La masacre de Acteal y los hechos que le han seguido forman parte de una estrategia de guerra de baja intensidad (GBI) que comprende lo mismo acciones militares que no militares. En lo que sigue, mostraremos las consecuencias de esta estrategia sobre la situación de salud de la población refugiada en Polhó y sus campamentos.
El agua y el pez
Múltiples voces, organizaciones sociales, organismos no gubernamentales, intelectuales, observadores nacionales y extranjeros, han denunciado la puesta en marcha de la GBI en México por parte del gobierno federal, como respuesta a las crecientes demandas sociales y, particularmente, al levantamiento zapatista.
Se ha señalado incluso que esta guerra no sólo se aplica en Chiapas, sino que, por el contrario, tiene un alcance nacional.[1] Se trata de un recurso desarrollado por el ejército estadounidense como una estrategia mucho más "refinada" que la vieja contrainsurgencia, ensayada y perfeccionada durante la década de los ochenta en Centroamérica por los gobiernos locales, por supuesto con abierto apoyo y asesoría estadounidenses. Típicamente la GBI supone el uso "limitado" de la fuerza o la amenaza de su uso, pero abarca una amplísima gama de acciones militares, paramilitares y no militares, incluidas las diplomáticas, policíacas, operaciones psicológicas, etcétera. Además, la idea es que los gobiernos y los ejércitos nacionales realicen la tarea, evitando el involucramiento directo de las fuerzas estadounidenses en la salvaguarda de sus "intereses" más allá de sus fronteras, amenazados por insurrecciones populares.
De la variedad de acciones que componen el complejo de la GBI, el control de la población es un elemento central que tiene como uno de sus propósitos "cortar cualesquiera relaciones de apoyo que existan entre la población y las fuerzas de insurrección",[2] lo cual explica, por ejemplo, el férreo cerco militar a las comunidades indígenas chiapanecas incrementado desde el 9 de febrero de 1995; esto es, la presencia militar y paramilitar en la llamada zona de conflicto está dirigida fundamentalmente contra la población civil.
Se trata de la aplicación del principio clásico de la GBI de "quitarle poco a poco el agua al pez", principio que va de la mano con el también clásico de "ganar mentes y corazones", a partir de los cuales gobierno y ejército han desplegado de manera gradual, tal como lo establecen los manuales de esta guerra, pero también insistentemente, múltiples esfuerzos encaminados a dividir y destruir social, política y culturalmente a las comunidades indígenas.
Quitarle el agua al pez en sus expresiones más literales supuso los desplazamientos de grupos de población a las llamadas "aldeas estratégicas", idea puesta en práctica por primera vez en Vietnam, luego aplicada ampliamente en Guatemala y El Salvador, donde hasta un 30 por ciento de la población de este último país fue forzado a desplazarse por el conflicto armado de la década pasada.[3] Si de acuerdo con el censo de 1990[4] el municipio de Chenalhó tenía 30 868 habitantes y la cifra de los desplazados hacia mediados de 1998 ronda las diez mil personas, entonces el porcentaje de la población desplazada por la amenaza militar y paramilitar es similar en ambos casos.[5]
En el caso de México, hasta ahora no hemos presenciado esa instrumentación literal, "aldeas estratégicas", de esta estrategia militar; en todo caso, "la traducción mexicana serían centros o polos de desarrollo",[6] pero ello no significa que el principio no se esté aplicando; la población civil es claramente un objetivo militar dentro de la GBI y hay más de una manera de quitarle el agua al pez. Peor aún, si como en el caso chiapaneco resulta que agua y pez son una y la misma cosa, siempre queda el recurso de enturbiar el agua donde se pueda, envenenarla donde no haya más remedio o estancarla donde sea necesario. Seguramente al principio estadounidense que parodia la frase maoísta del pez y el agua, los generales mexicanos han agregado su aportación a la mexicana: "a río revuelto, ganancia de militares".
Ciertamente los desplazamientos de población civil son, de hecho, una consecuencia inmediata de un conflicto armado; así vimos cómo desde los primeros días de 1994 ocurrieron fuertes movimientos de personas que trataban de escapar de las regiones de enfrentamiento militar. Aun en estos casos se busca el control y uso político-militar de esta población, como sucedió a principios de ese año con los desplazados en Altamirano, que fueron utilizados por los ganaderos priístas como grupos de choque para evitar que llegara la ayuda humanitaria a esa cañada. Durante la ofensiva del ejército federal en febrero de 1995, que marca propiamente el inicio de la GBI,[7] comunidades enteras abandonaron sus poblaciones para refugiarse en las montañas. La misión militar se completó con el allanamiento de las casas abandonadas, el envenenamiento de alimentos y depósitos de agua, cuando no su destrucción, el saqueo y robo de pertenencias; en fin, destruir todo aquello que sirviera para el trabajo, la vivienda o la alimentación de esos poblados, además de la detención de distintas personas que luego fueron interrogadas y torturadas.
En esta misma línea, mientras el gobierno federal aparentaba disposición para el diálogo en San Andrés Sacamch’en, por otro lado iniciaba un ambicioso proyecto para enturbiarle y envenenarle el agua al pez, que inició con bastante éxito en la zona norte del estado con la creación de los primeros grupos paramilitares, Paz y Justicia y Los Chinchulines, para luego extenderlo a las regiones de Los Altos, Selva, Frontera y los Valles Centrales.[8] Hoy se ha documentado ampliamente la existencia de más de una decena de bandas paramilitares que actúan con total impunidad para, según distintas denuncias, atacar poblaciones civiles indefensas, simpatizantes del EZLN, o simplemente de oposición.[9] Son prácticas comunes de estos grupos la amenaza, el secuestro, la quema de viviendas, las expulsiones de familias enteras de sus comunidades, el robo, el asesinato; instauran un estado de persecución y terror, completado por las fuerzas de seguridad pública y la ocupación militar.[10]
Como resultado, a la fecha se calcula en alrededor de veinte mil el número de personas desplazadas que se aglomeran en campamentos y algunas comunidades; de éstas, unas diez mil quinientas se ubican en Chenalhó, otras cinco mil en siete municipios de la zona norte, y alrededor de tres mil se localizan en la Selva Lacandona y la frontera con Guatemala.[11]
Obligados a abandonar sus comunidades de origen, dejan tras de sí casa, pertenencias, herramientas de trabajo, tierra y cultivos, animales, lazos familiares y vecinales; en fin, dejan totalmente la vida construida tratando de salvarla para luego, en algún futuro que no se ve cerca, reconstruirla.
Consecuencias para la salud de la GBI
En este panorama, a las muertes violentas de esta guerra hay que agregar las otras, las derivadas de las condiciones infrahumanas en que se ven obligadas a sobrevivir estas personas, donde como siempre, los primeros y más afectados por la GBI son los más vulnerables: niñas y niños, mujeres embarazadas y lactando, minusválidos y ancianos. Además de la violencia directa, podemos identificar un conjunto de factores que determinan de manera también más o menos directa el tipo y la magnitud del daño que van a resentir estos grupos, dos de ellos referidos a condiciones de vida, como serían las de alojamiento de la población desplazada (vivienda), saneamiento e higiene y alimentación. Otros factores se refieren al desgaste, tanto físico como mental, derivado de la presión psicológica impuesta por el hostigamiento permanente de militares, paramilitares, fuerzas de seguridad pública, etcétera. Sin embargo, también deben considerarse entre estos factores la pérdida de tierra y recursos para el trabajo y/o las dificultades para la siembra de alimentos básicos, como maíz y frijol, asimismo la pérdida de capacidad económica de las familias, en especial la de la rica producción de café en Chenalhó, saqueada por las bandas paramilitares y, finalmente, la ruptura de la vida cotidiana, la imposibilidad de retomar el trabajo diario y la incertidumbre de lo que podrá venir en el futuro para cada una de estas personas, para sus familias y para sus comunidades.
La situación en Polhó
A partir del 23 de diciembre de 1997, y de manera masiva desde el 26 y los días siguientes de ese mes y año, varios miles de personas abandonaron sus comunidades de origen para refugiarse en la localidad de Polhó, debido a la persistencia de la amenaza de ataque por parte de las bandas paramilitares, sumándose a los varios cientos de personas que en los meses anteriores ya habían huido de las agresiones, dejando tras de sí sus precarias viviendas y escasas pertenencias. De tal manera, Polhó y sus comunidades vecinas se vieron enfrentadas a una complicada situación de emergencia, al tener que disponer de espacio y recursos para albergar, alimentar y proteger a alrededor de diez mil personas.
Así, las crónicas condiciones de marginación en que sobrevivían estas poblaciones se vieron agudizadas súbitamente; despojadas de todo, debieron hacinarse en campamentos aún más precarios, en condiciones de insalubridad, sobreviviendo gracias a la solidaridad de sus propios hermanos indígenas y a la ayuda humanitaria que la sociedad civil les ha hecho llegar.
De acuerdo con un boletín difundido por el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC),[12] las condiciones de inseguridad, hacinamiento e insalubridad son en extremo dramáticas. Así por ejemplo, mientras de acuerdo con recomendaciones de ACNUR y la OMS, "el espacio mínimo absoluto para un alojamiento de emergencia no debe ser inferior a 3.5 metros cuadrados", en X’oyep el cálculo es de entre 1.2 y 1.8 metros cuadrados por persona, siendo en Acteal de entre 1 y 1.4 metros cuadrados por persona. Con relación a alojamientos multifamiliares, el documento reporta que están viviendo de diez a quince familias, en casas de cincuenta o setenta y cinco metros cuadrados, aunque los organismos internacionales citados recomiendan que a lo más veinte personas pueden alojarse en una casa habitación de setenta metros cuadrados.
En cuanto al abastecimiento de agua para consumo humano, el informe consigna que la recomendación internacional para las necesidades mínimas de agua es de quince a veinte litros por persona al día, de los cuales los desplazados en X’oyep sólo reciben en promedio uno y medio al día, mientras en Acteal se reciben dos litros por persona, y aún esto no ocurre diariamente.
La disposición de excretas presenta un panorama igualmente difícil. Hasta julio de 1998 existían algunas letrinas en los campamentos; sin embargo, estas construcciones generalmente no cumplían las especificaciones técnicas requeridas ni en cuanto a la calidad de los materiales ni en cuanto a sus dimensiones y ubicación, eran insuficientes y presentaban graves problemas por la imposibilidad de darles mantenimiento.[13]
Respecto a la alimentación la situación no es mejor. En X’oyep los desplazados estaban recibiendo en promedio de dos a tres kilogramos de maíz por familia de seis personas, mientras que en Acteal reciben dos tazas diarias de maíz por persona, lo cual les permite comer dos veces al día. Según los cálculos consignados en el documento, "para dar de comer a los diez mil quinientos refugiados que hay en Polhó, Acteal y Poconichim, se necesitan tres toneladas y media diarias de maíz. El costo para que [las personas refugiadas en] los campamentos puedan probar tortillas y pozol es de ocho mil pesos diarios".[14]
El perfil de morbilidad en Polhó
A partir de febrero de 1998 la UAM-Xochimilco, a través del servicio social de medicina y de enfermería, se incorporó al trabajo de atención médica de la Clínica Autónoma de Polhó, sostenido principalmente por la red de promotores y promotoras. Hasta ahora, la situación de emergencia y la magnitud del problema apenas si han permitido que esa atención se concrete solamente en la consulta externa y el traslado de pacientes que requieren ser canalizados a un segundo nivel de atención. Estas tareas descansan en las y los promotores de salud, algunos médicos voluntarios -dos ubicados en Polhó-, así como en la Cruz Roja Mexicana.
Recientemente se han iniciado acciones de capacitación de promotores y promotoras, un proyecto de letrinización por parte de distintas ONG y la vacunación que continúa a cargo de la Cruz Roja Mexicana.
En lo que sigue, presentamos el perfil de morbilidad prevaleciente en el primer semestre de 1998, obtenido a partir de la consulta diaria atendida por la médica en servicio social de la UAM; es decir, no se consideran los registros de otros médicos y médicas que trabajan en los campamentos. Cabe recordar que las causas de enfermedad reportadas corresponden a los diagnósticos clínicos registrados; en ningún caso se contó con la posibilidad de confirmar tales diagnósticos a través de exámenes de laboratorio o gabinete.
La población atendida
Hasta julio de 1998 se habían registrado 1 874 consultas, consignándose dos mil trescientos diagnósticos. La población atendida corresponde casi en un 80 por ciento a desplazados y desplazadas de veintisiete comunidades, mientras que poco más de 20 por ciento es población originaria de Polhó (ver Cuadro 1).
La población con mayor demanda de atención médica corresponde al sexo femenino (60.7 por ciento), aunque la consulta a pacientes del sexo masculino alcanzó novecientos tres casos (39.3 por ciento). En cuanto a la edad, las consultas a menores de diez años alcanzaron algo más de una tercera parte (35.5 por ciento) del total. En síntesis, los desplazados atendidos en consulta médica corresponden a una población joven, un poco más de la mitad (52.9 por ciento) por debajo de los veinte años y predominantemente del sexo femenino (ver Cuadro 2).
La morbilidad
Las difíciles condiciones en las cuales se encuentra la población desplazada se ven reflejadas en el comportamiento del perfil de morbilidad; así, las primeras causas de morbilidad general corresponden a enfermedades gastrointestinales infecciosas y parasitarias, incluida la amibiasis, seguidas de las infecciones de vías respiratorias superiores y las faringoamigdalitis, completadas con gastritis y mialgias (ver Cuadro 3).
Este perfil contrasta con lo que ocurre en el nivel nacional, de acuerdo con las cifras de 1994 (ver Cuadro 4), ya que existen diferencias respecto al tipo de patología predominante, como también en cuanto a la magnitud con la que se presentan. Así por ejemplo, las primeras causas en Polhó corresponden a patologías relacionadas con enfermedades infecto-parasitarias con entrada por vía digestiva, mientras que en el nivel nacional la primera causa está dada por las infecciones de vías respiratorias. Es notable que en el nivel nacional, estas últimas por sí mismas representan el 60 por ciento de los casos registrados, mientras que en Polhó sólo alcanzan el 10 por ciento; es decir, en Polhó las principales causas de morbilidad se distribuyen de manera semejante entre las patologías infecciosas y parasitarias con vías de entrada por vía digestiva y aquéllas con vía de entrada respiratoria.
Sin que alcance las diferencias que ocurren en las infecciones de vías respiratorias, en el caso de las infecciosas y parasitarias gastrointestinales la relación se invierte en cuanto que en Polhó se presentan en mayor porcentaje (34.6 por ciento), mientras que en el nivel nacional alcanzan un poco menos de la mitad de ese porcentaje (15.7 por ciento) (ver Cuadro 3 y Cuadro 4). La gastritis, que más adelante asociaremos a condiciones de estrés, ni siquiera aparece entre las primeras veinte causas de enfermedades en México.[15]
Con el fin de apreciar de mejor manera la repercusión de las condiciones en las que sobreviven los desplazados sobre la morbilidad predominante, hemos agrupado las causas principales en cinco asociaciones: a) Bajo condiciones deficientes de agua y saneamiento incluimos enfermedades infecciosas y parasitarias digestivas y las infecciosas y parasitosis de la piel, incluidas micosis superficiales. b) En la agrupación relacionada con deficientes condiciones de vivienda incluimos básicamente infecciones de vías respiratorias, superiores y bajas. c) La asociación causal relacionada con estrés incluye enfermedad ácido péptica, colitis nerviosa, cefalea tensional y trastornos de la personalidad. d) Bajo condiciones deficientes de alimentación agrupamos los diagnósticos de desnutrición, síndrome anémico y otros estados carenciales. e) Finalmente, dentro de condiciones de desgaste físico incluimos mialgias y artralgias.
De acuerdo con esta agrupación, tenemos que la primera causa de morbilidad general es la de las enfermedades asociadas a condiciones deficientes de agua y saneamiento (40 por ciento), seguida de las enfermedades asociadas a condiciones de vivienda (25 por ciento). En tercer lugar se ubican las enfermedades asociadas a estrés (7.5 por ciento), seguidas muy de cerca por las enfermedades relacionadas con deficiencias en la alimentación (6 por ciento), y finalmente las enfermedades asociadas a desgaste físico (3.9 por ciento). Este conjunto comprende más del 80 por ciento de las causas de atención médica en la Clínica Autónoma Emiliano Zapata de Polhó (ver Cuadro 5).
Si se hace una agrupación similar con las veinte principales causas de enfermedad en México,[16] nuevamente se observa una relación inversa en las dos primeras agrupaciones causales; en el caso de la asociación referida a deficientes condiciones de agua y saneamiento, en Polhó la proporción es casi el doble con relación a lo que ocurre en el nivel nacional y, por el contrario, el porcentaje de las enfermedades relacionadas con deficientes condiciones de vivienda es notoriamente superior en el nivel nacional. De tal manera que, si en el nivel nacional la mayor carga de morbilidad está dada por estas enfermedades, en el caso de Polhó las patologías asociadas a condiciones deficientes de agua y saneamiento las han desplazado a segundo término, sin que la distancia entre unas y otras sea tan marcada como ocurre en el nivel nacional, complicando el perfil con la presencia fuerte de ambos grupos de padecimientos (ver Cuadro 5).
El perfil de morbilidad nacional combina la presencia de patologías infecciosas y parasitarias con las llamadas crónico degenerativas, hipertensión y diabetes mellitus, así como los traumatismos y envenenamientos, constituyendo lo que se conoce como perfil propio de la transición epidemiológica. En el caso de Polhó, según se ha anotado arriba, el predominio es de las derivadas de las deficientes condiciones de agua, saneamiento y vivienda, pero no aparecen las crónico degenerativas entre los principales motivos de consulta. Se registran en cambio las enfermedades asociadas a condiciones de estrés y desgaste físico, así como las asociadas a deficientes condiciones de alimentación, mismas que se encuentran ausentes en el nivel nacional entre las primeras veinte causas. ¿Esta diferenciación entre ambos perfiles significa que el de Polhó corresponde a un perfil no de transición epidemiológica, sino propio de una situación de guerra de baja intensidad?
Es importante aclarar que bajo el rubro de enfermedades relacionadas con deficiencias en la alimentación, quedan agrupados únicamente los diagnósticos registrados en la consulta diaria como el motivo de atención. Por tanto, no es indicativo de la magnitud de la prevalencia de la desnutrición entre la población desplazada.
El daño diferencial causado por las condiciones en estudio entre la población aparece al considerar por separado edad y sexo. Así, son notables los estragos causados por las deficientes condiciones de vivienda y de agua y saneamiento sobre las y los menores de diez años; las enfermedades agrupadas bajo estas dos asociaciones alcanzan el 87 por ciento de los casos atendidos entre este grupo de edad. En el extremo opuesto, entre la población de la tercera edad, estas enfermedades comprenden el 50 por ciento de los casos registrados. Estos casos disminuyen en magnitud entre los grupos jóvenes, aunque siempre ocupan los primeros lugares de incidencia. Salvo entre las y los mayores de noventa años de edad, en todos los casos es notoria la diferencia entre la primera causa dada por los padecimientos asociados a condiciones deficientes de agua y saneamiento, y las enfermedades que le siguen en otros lugares de importancia en relaciones que incluso alcanzan casi dos a uno (ver Cuadro 6).
En tanto, las enfermedades asociadas a condiciones de estrés alcanzan su mayor impacto entre la población adulta y de la tercera edad, con una tendencia claramente ascendente desde los mayores de 10 años hasta los menores de cuarenta y nueve años de edad (ver Cuadro 6).
Las causas de morbilidad asociadas a deficientes condiciones de alimentación afectan particularmente a los jóvenes y adultos jóvenes, y alcanzan su mayor impacto en la población entre los veinte y los treinta y nueve años de edad. Finalmente, entre los adultos maduros empiezan a aparecer los síndromes y patologías asociadas a condiciones de desgaste físico (ver Cuadro 6).
Con relación a la condición de género, aunque por ahora no hemos hecho un análisis específico, puede de cualquier manera notarse que no existen diferencias significativas entre los sexos femenino y masculino; cuando más algunas variaciones mínimas como en el caso de las enfermedades relacionadas con las condiciones de estrés y de alimentación que afectan en mayor medida a las mujeres, lo mismo que con las relacionadas con desgaste físico (ver Cuadro 7).
En cuanto al comportamiento del perfil de morbilidad en función del tiempo, algunos hechos merecen ser señalados. En primer término, como era de esperarse, existe un comportamiento estacional de los padecimientos asociados a condiciones deficientes de vivienda, pero no sucede igual en el caso de los padecimientos asociados a deficientes condiciones de agua y saneamiento. En el primer caso, es notable el descenso de los padecimientos respiratorios conforme se termina la época fría y se entra en los meses de calor. En el segundo caso, no ocurre claramente el comportamiento estacional que sería de esperarse; con algunas variaciones, más bien parece mantenerse una meseta a lo largo del periodo. Los estados carenciales parecen tender al incremento conforme se prolonga la situación de desplazamiento de la población asentada en los campamentos de Polhó.
El asalto a las poblaciones civiles, la amenaza sobre Polhó y el precio de la autonomía en términos de salud mental
A partir del 11 de abril, en el marco de la estrategia anunciada por el secretario de Gobernación Francisco Labastida de "retomar la iniciativa", se ensaya una nueva variante de la estrategia de ataque a la población civil: con el concurso de fuerzas combinadas policiacas (judiciales estatales y federales), de migración, militares y paramilitares, se invaden comunidades para "desmantelar" los municipios autónomos y, una vez más, restituir "el estado de derecho".
Las incursiones ocurren con distinto grado de violencia hasta desembocar en un enfrentamiento armado en las comunidades de Chavajeval y Unión Progreso del municipio autónomo de San Juan de la Libertad o El Bosque, con saldo de ocho indígenas y un soldado muertos.[17] En este ambiente, desde el mismo mes de abril y durante mayo se producen sucesivas declaraciones de autoridades del gobierno estatal, del gobernador interino y de la secretaría general de gobierno, que amenazan directamente con el desmantelamiento del municipio autónomo de Polhó. Otras declaraciones por parte de funcionarios del gobierno federal contribuyen a incrementar este clima amenazante.[18]
En este contexto, la población residente y refugiada en Polhó se declara en alerta y "no duerme", se instala un cordón de vigilancia a la entrada de la comunidad con presencia permanente, día y noche, de hombres, mujeres y niños; todas y todos resisten la intemperie y los patrullajes amenazantes de policías y ejército federal. La repercusión sobre la salud de la población se percibe desde el mismo mes de abril con el repunte de los padecimientos asociados a estrés, que alcanza su máximo en el mes de junio con un porcentaje incluso mayor al observado en diciembre de 1997. Toda vez que la amenaza disminuye, lo mismo ocurre con estos padecimientos en julio.[19]
A manera de conclusión
Escribimos estas notas finales, a modo de conclusión, a más de un año de ocurrida la masacre de Acteal y a más de tres años de firmados los Acuerdos de San Andrés. De entonces a la fecha la situación no ha mejorado; por el contrario, la solución al conflicto no se ve cercana.
Polhó, con Acteal, X’oyep, Poconichim y Naranjatic, han sobrevivido a la emergencia derivada del desplazamiento de miles de personas a esos lugares. Ahora, como desde su llegada, los refugiados mantienen un ritmo febril de actividad, adaptando sus precarias viviendas con materiales de mayor duración que los originalmente dispuestos, como si estuvieran preparándose para una larga resistencia. Intentan recuperar la cosecha de sus cafetales y abrir nuevos campos de cultivo, combinando el trabajo con el desarrollo de nuevas habilidades para vigilar y escapar del asedio de militares y paramilitares. No siempre lo logran y, en más de una ocasión, se conoce de casos de personas que son interceptadas y agredidas verbal o físicamente en el camino o en sus propias parcelas. Los paramilitares continúan amenazando y siguen paseando impunemente, incluso se les puede ver compartiendo la comida con los militares en sus propios campamentos.
La justicia aún no llega para las víctimas de Acteal. El Libro blanco editado por la Procuraduría General de la República al cumplirse el primer aniversario de la masacre ocurrida en ese lugar, efectivamente es eso, un libro en blanco que no dice nada y, en todo caso, logra reafirmar la certeza de que no hay voluntad política de la parte gubernamental por esclarecer el múltiple crimen y llevar ante la justicia a los responsables directos e intelectuales. Pero sobre todo, no hay voluntad para resolver el conflicto iniciado en 1994, como no hay voluntad para cumplir la palabra empeñada con la firma de los Acuerdos de San Andrés.
La guerra de baja intensidad es una dura muestra de la real y verdadera voluntad negociadora de la parte gubernamental. Por supuesto que, como participante al fin de la propia estrategia de la GBI, esa parte gubernamental niega y seguirá negando la existencia de esa guerra. Pero entonces ¿cómo se explica la contradicción entre una presencia y un despliegue abrumadores de varios miles de efectivos militares fuertemente armados en toda la llamada zona de conflicto para aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, mientras en esa misma zona se organizan, entrenan, arman y actúan con total impunidad más de una docena de bandas de paramilitares?
La situación de salud aquí descrita deriva de una política gubernamental de violencia que, en términos del derecho a la salud, supone una doble violación del mismo. Por una parte, existe una violencia estructural y pasiva, derivada de la atención crónicamente deficiente a las necesidades de salud, saneamiento y alimentación de las poblaciones indígenas. La otra parte es tan grave o más que la anterior, pues interviene activamente no sólo para impedir la satisfacción de esas necesidades, sino además para: a) deteriorarlas aún más, y b) atentar contra las formas de organización y participación de la población para darse sus propios sistemas de atención a la salud.
Nuestro papel, como el del conjunto de la sociedad civil, está del lado de los esfuerzos por construir la paz que sólo se logrará con justicia, con una relación digna y respetuosa con los pueblos indios, como debería ser también con el conjunto de la sociedad nacional. Si el levantamiento indígena tuvo como una de sus causales fuertes esa especie de convivencia cotidiana con la muerte "natural", "es decir, sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares",[20] entonces tenemos la oportunidad de contribuir a remediar esta causal. Más aún, de contribuir desde nuestro campo de trabajo a construir un sistema de salud altamente eficiente y de gran calidad humana, único y universal, pensado en términos de respuesta a las grandes necesidades sanitarias y sociales, no en términos de interés mercantil; es decir, un sistema de salud para la paz.
Para todos, todo.
Notas:
M. P. López, La guerra de baja intensidad en México, Plaza y Valdés-Universidad Iberoamericana, México, 1996.
Ibid., p. 86.
R. I. Lundgren y R. Lang, "Aquí no hay mar, sólo peces: consecuencias de la política estadounidense en la salud de los desplazados en El Salvador", en A. Ugalde y A. Zwi (comps.), Violencia política y salud en América Latina, Nueva Imagen, 1994, pp. 89124.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, XI Censo de población y vivienda, México, 1990.
Para el gobierno federal, sin embargo, el número de desplazados en Chenalhó es de alrededor de seis mil trescientas personas, entre bases de apoyo zapatistas, priístas y de otros grupos políticos. En tal caso, el porcentaje de desplazados en ese municipio rondaría el 20 por ciento del total. La Jornada, 11 de febrero de 1999, p. 19.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Ni paz ni justicia. O Informe general y amplio acerca de la guerra civil que sufren los ch’oles en la zona norte de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, octubre de 1996, p. 161.
M. P. López, op. cit., p. 97.
Respecto al grupo paramilitar, véase el amplio informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, op. cit.
Conpaz, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, COCD, Militarización y violencia en Chiapas, Sipro, México, 1996; C. Fazio, "Chiapas. Guerra de baja intensidad", Coyuntura, n. 87, agosto-septiembre de 1998, pp. 17-30.
J. Ramírez, "Breve panorama de la guerra en Chiapas", Tiempo, n. 66, año II, San Cristóbal de Las Casas, pp. 7-10. Sobre las acciones de los grupos paramilitares en 1998, véase Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, La legalidad de la injusticia, San Cristóbal de Las Casas, 1998, pp. 80-84.
J. Ramírez, op. cit., p. 8.
Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), "La salud en los tiempos de guerra (sus condiciones en los campamentos de refugiados en Chenalhó)", mimeo, boletín Chiapas al día, n. 112, 3 de junio de 1998.
Hacia fines de 1998 estaba terminándose un amplio programa de construcción de letrinas secas apoyado por una organización no gubernamental internacional.
J. Ramírez, Ojarasca, 2 de mayo de 1998, p. 2, citado en CIEPAC, op. cit., p. 4.
Secretaría de Salubridad y Asistencia, "Información epidemiológica de morbilidad, 1994", México, 1997, p. 12.
Ibid.
El 11 de abril, fuerzas combinadas de los gobiernos estatal y federal, incluidos migración y paramilitares, toman por asalto el ejido Taniperlas, sede del municipio autónomo Ricardo Flores Magón; el 1° de mayo, con el mismo esquema, es tomada la comunidad del ejido Amparo Aguatinta, sede del municipio autónomo Tierra y Libertad. El 13 de mayo es desalojado por fuerzas públicas del gobierno del estado un predio del municipio de Yajalón; el 3 de junio el ataque se produce en el municipio de Nicolás Ruiz, gobernado por el PRD. El 10 de junio ocurre el ataque a las comunidades de Chavajeval y Unión Progreso, municipio de El Bosque (municipio autónomo San Juan de la Libertad), y se produce un enfrentamiento armado. Pueden consultarse los números de La Jornada de los días 12 de abril de 1998, 2 de mayo, 14 de mayo, 11 de junio y 14 de junio de 1998.
Las declaraciones amenazadoras del gobernador interino se producen desde abril, cuando afirma, ante representantes de la red de organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos Todos los Derechos para Todos, que "se evalúa la situación jurídica del grupo que gobierna en Polhó y de resultar implicado en actos ilícitos -ser autónomos, por ejemplo, cosa que el mandatario interino juzga inconstitucional- se actuaría conforme a derecho" (La Jornada, 22 de junio de 1998, p. 10). Otras declaraciones indirectas y aun directas se producen durante los primeros días de mayo en el sentido de que "se aplicará la ley en Polhó y otros sitios autónomos" (La Jornada, 5 y 6 de mayo, respectivamente). Ver también las declaraciones de la Secretaría General de Gobierno en La Jornada del 12 de mayo. Respecto a declaraciones de autoridades federales, ver La Jornada, 11 de mayo de 1998 y 12 de mayo de 1998.
Un punto de referencia es la declaración del coordinador general para el diálogo y la negociación hecha el 15 de junio en el sentido de que, ante la inminente visita de legisladores de la Cocopa a Chiapas, el gobierno haría "una pausa en los operativos de desmantelamiento de los municipios autónomos para favorecer la iniciativa de la negociación directa", La Jornada, 16 de junio de 1998, p. 3.
Comunicado del CCRI-CG del EZLN, La Jornada, 6 de febrero de 1994, p. 10.
Revista Chiapas
www.revistachiapas.org
Chiapas 8
1999 (México: ERA-IIEc)
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